APUNTES DE DERECHO

Clasificación de Cosa Juzgada

2011-11-23T09:09:00.000-05:00

Material o sustancial. Es la autoridad de las sentencias firmes o ejecutoriadas que importan su INMUTABILIDAD, ININPUGNABILIDAD y su eventual COERCIBILIDAD. (Couture)

Art. 174 CPC Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; e, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la manda cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde ese momento, sin más trámite.

La cosa juzgada material o sustancial produce acción y excepción de cosa juzgada.

La acción se hace valer mediante el cumplimiento de la sentencia firme ya sea por cumplimiento incidental del fallo presentado ante el mismo tribunal en el plazo de 1 año desde que se hizo exigible. O mediante Juicio ejecutivo pues la sentencia firme es título ejecutivo perfecto.

La excepción de cosa juzgada es una excepción perentoria, por lo que debe ser alegada en la contestación de la demanda. Pero debido a su importancia el legislador le da el carácter de excepción mixta, es decir, no obstante a ser perentoria puede ser presentada conjuntamente con las dilatorias antes de la contestación de la demanda durante el término de emplazamiento. Además es una excepción anómala que puede ser presentada en cualquier estado del juicio hasta antes de la citación para oir sentencia en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda.

Cosa Juzgada Formal. Es la autoridad de las sentencias firmes o ejecutoriadas que importan su inmutabilidad, ininpugnabilidad y coercibilidad dentro del mismo proceso pero que por mandato lega expreso permite, en un NUEVO JUICIO, la revisión de lo resuelto.

Sólo produce acción no excepción.

Ejemplos: reserva y renovación de acciones en el juicio ejecutivo; sustitución de procedimiento en e juicio sumario; querellas posesorias; recurso de protección.

Cosa juzgada aparente o provisoria. Se puede volver a debatir el asunto en un nuevo juicio o EN EL MISMO JUICIO. Solo produce acción de cosa juzgada.

Juicio alimentos que produce acción acción mientras se mantengan las circunstancias que motivaron su dictación.

Cosa juzgada fraudulenta. Es aquella que no obstante existir una “apariencia” de cosa juzgada está realmente no existe pues ha sido dictada mediante acciones maliciosas o fraudulentas.

Cosa juzgada fraudulenta la encontramos en las causales número 1, 2 y 3 del recurso de revisión, el que debe ser interpuesto en contra de sentencias firmes o ejecutoriadas.

Art 810 CPC La Corte Suprema de Justicia podrá rever una sentencia firme en los casos siguientes:

1° Si se ha fundado en documentos declarados falsos por sentencia ejecutoria, dictada con posterioridad a la sentencia que se trata que se trata de rever;

2° Si pronunciada en virtud de pruebas de testigos, han sido estos condenados por falso testimonio dado especialmente en las declaraciones que sirvieron de único fundamento a la sentencia.

3° Si la sentencia firme se ha ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido declarada por sentencia de término.

Breve Resumen de la Compensación Económica

2011-09-30T13:48:00.001-05:00

La Compensación Económica en la Ley 19947

La Nueva Ley de Matrimonio Civil estableció una compensación económica a favor del cónyuge económicamente mas débil. Se trata de una aplicación del principio establecido en su Art. 3° que establece:

“Las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas buscando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge mas débil”.

Naturaleza jurídica de la compensación económica

Existen 3 posturas respecto al tema:

A. Indemnización

ü El juez debe constatar que el cónyuge mas débil sufrió un “menoscabo económico” a consecuencia de haberse dedicado a las labores de crianza y del hogar, lo que se asimilaría al lucro cesante

ü El juez fija una cantidad inmutable, a diferencia de los alimentos que son por esencia modificables.

B. Alimentos

ü Se toma en cuenta la situación económica del cónyuge beneficiario, no siendo suficiente que pruebe haberse dedicado a los hijos y el hogar común.

ü Al fijarse el pago de la compensación en cuotas reajustables la propia LMC establece que “se considerará alimentos para efectos de su cumplimiento” (Art.66)

C. Reparación a un enriquecimiento sin causa

Considerado que si uno de los cónyuges de los cónyuges logró una condición económica más expectable que el otro, en parte no despreciable se debió al apoyo que recibió del cónyuge mas débil.

Casos en que procede la Compensación:

ü En caso de que uno de los cónyuges se haya dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar.

ü Como consecuencia no pudo desarrollar una actividad remunerada durante el matrimonio o lo hizo en menor medida de lo que podía o quería.

ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL MENOSCABO ECONOMICO Y LA CUANTIA DE LA COMPENSACION.

El articulo 62 LMC, ordena considerar, especialmente:

n La duración del matrimonio y de la vida en común.

n La situación patrimonial de ambos.

n La buena o mala fe;

n La edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario:

n La situación en materia de beneficios previsionales y de salud;

n Su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral

n La colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.

Caso en el cual el juez puede denegar la compensación económica o esta puede rebajarse.

n La ley otorga al juez una facultad discrecional para acoger o denegar la compensación

n Es caso de que se decrete el divorcio por falta imputable a uno de los cónyuges siempre que constituya una violación grave a los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio, el juez puede denegar la compensación al cónyuge que dio lugar a la causal o disminuir prudencialmente su valor.

Determinación de monto y forma de pago de la compensación económica.

n Por acuerdo de los cónyuges:

a) Siempre que sean mayores de edad

b) El acuerdo debe constar en escritura publica o acta de avenimiento sometido a la aprobación del tribunal

n A falta de acuerdo corresponderá al juez determinar su precedencia y su monto en la sentencia de divorcio o nulidad.

Oportunidad procesal para solicitarla.

n Conjuntamente con la demanda de nulidad o de divorcio.

n En escrito complementario a la demanda

n De manera reconvencional.

n Si no fuese solicitada el juez informara a los cónyuges de este derecho durante la audiencia preparatoria.

Si no se solicito la compensación en dichas oportunidades se entiende precluído o caducado el derecho del cónyuge mas débil.

Forma de pago.

El juez la determina, pudiendo establecer las siguientes modalidades:

n Entregar una suma de dinero, acciones u otros bienes.

n Constitución de derechos de usufructo uso o habitación respecto de bienes del cónyuge deudor.

n Si el deudor no tuviere bienes suficientes el juez podrá dividirlo en cuantas cuotas sea necesario.

Resumen de Régimen de participación en los gananciales

2011-09-30T13:19:00.001-05:00

REGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES

Concepto:

Art. 1792-2 En el régimen de participación en los gananciales los patrimonios del marido y de la mujer se mantienen separados y cada uno de los cónyuges administra, goza y dispone libremente de lo suyo. Al finalizar la vigencia del régimen de bienes, se compensa el valor de los gananciales obtenidos por los cónyuges y estos tienen derecho a participar por mitades en el excedente.

participación gananciales derecho de familia

Momento de pactarlo:

1) En las capitulaciones matrimoniales pactadas con anterioridad al matrimonio

2) En el acto del matrimonio (1715)

3) Durante el matrimonio (1723) por el pacto de sustitución de régimen mediante escritura pública.

Características:

1) Régimen alternativo al de la sociedad conyugal

2) Convencional, requiere de pacto expreso de los cónyuges

3) Crediticio, al finalizar el régimen no se forma comunidad de bienes entre los cónyuges, sino que la participación se traduce en el surgimiento de un crédito.

Funcionamiento

Cada cónyuge es dueño de sus bienes y los administra con libertad.

Excepción. Art. 1792-3 Ninguno de los cónyuges podrá otorgar cauciones personales a obligaciones de terceros sin el consentimiento del otro cónyuge.

La autorización debe: ser especificada por escrito o por escritura pública; por mandato escrito o por escritura pública; autorización del juez.

Art. 1792-4 Los actos ejecutados en contravención al artículo precedente adolecerán de NULIDAD RELATIVA.

El cuadrienio para impetrar la nulidad se contarán desde el día en que el cónyuge que la alega tuvo conocimiento del acto.

Determinación y cálculo de los gananciales

Art. 1792-6 Se entiende por GANANCIALES la diferencia de valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge.

Se entiende por PATRIMONIO ORIGINARIO de cada cónyuge el existente al momento de optar por el régimen que establece este Título y por su PATRIMONIO FINAL el que exista al término de dicho régimen.

PATRIMONIO ORIGINARIO

Art. 1792-7 El patrimonio originario resultará de deducir del valor total de los bienes de que el cónyuge sea titular al iniciarse el régimen, el valor total de las obligaciones de que sea deudor en esa misma fecha. Si el valor de las obligaciones excede al valor de los bienes, el patrimonio originario se estimará carente de valor.

Deducciones: Pasivo

Agregaciones:

1) Adquisición a título gratuito efectuadas durante la vigencia del régimen, deducidas las cargas con que estuvieren gravadas (1792-7 inc. 2°)

2) Adquisición a título oneroso: (1792-8)

a. Los bienes que uno de los cónyuges poseía antes del régimen de bienes, aunque la prescripción o transacción con que los haya hecho suyos haya operado o se haya convenido durante la vigencia del régimen de bienes. (Prescripción)

b. Los bienes que poseía antes del régimen de bienes por un título vicioso, siempre que el vicio se haya purgado durante la vigencia del régimen de bienes por la ratificación o por otro medio legal. (vicios purgados)

c. Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por la nulidad o resolución de un contrato o por haberse revocado una donación (nulidad)

d. Los bienes litigiosos, cuya posesión pacífica haya adquirido cualquiera de los cónyuges durante la vigencia del régimen. (bienes litigiosos)

e. El derecho de usufructo que se haya consolidado con la nuda propiedad que pertenece al mismo cónyuge (consolidación de la nuda propiedad)

f. Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos constituidos antes de la vigencia del régimen. Lo mismo se aplicará a los intereses devengados antes y pagados después. (créditos anteriores)

g. La proporción del precio pagado con anterioridad al inicio del régimen, por los bienes adquiridos de resultas del contrato de promesa. (contrato de promesa.

Prueba del patrimonio Originario

Art. 1792-11. Los cónyuges o esposos, al momento de pactar este régimen, deberán efectuar un INVENTARIO SIMPLE de los bienes que componen el patrimonio originario.

A falta de inventario, el patrimonio originario puede probarse mediante otros instrumentos, tales como registros, facturas o títulos de crédito.

Con todo, serán admitidos otros medios de prueba si se demuestra que, atendidas las circunstancias, el esposo o cónyuge no estuvo en situación de procurarse un instrumento.

Valoración sobre bienes que componen el activo originario

1792-13 Los bienes que componen el activo originario se valoran según su estado al momento de entrada en vigencia del régimen de bienes o de su adquisición. Por consiguiente, su precio al momento de incorporación al patrimonio originario será prudencialmente actualizado a la fecha del régimen.

No ingresan al patrimonio originario (1792-9):

1) Los frutos, incluso los que provengan de bienes originarios.

2) Las minas denunciadas por uno de los cónyuges, ni las donaciones remuneratorias por servicios que hubieren dado acción en contra de la persona servida.

PATRIMONIO FINAL

Forma de calcularlo

Deduce El valor total de las obligaciones que tenga en esa misma fecha (1792-14)

Agrega (1792-15):

1) Donaciones irrevocables que no correspondan al cumplimiento proporcionado de deberes morales o de usos sociales, en consideración a la persona del donatario

2) Cualquier especie de acto fraudulento o de dilapidación en perjuicio del otro cónyuge

3) Pago de precios de rentas vitalicias u otros gastos que persigan asegurar una renta futura al cónyuge que haya incurrido en ellos.

Se requiere inventario simple confeccionado dentro de los tres meses siguientes al termino del régimen. (1792-16)

Sanción por la ocultación de bienes:

Art 1792-18. Si alguno de los cónyuges, a fin de disminuir los gananciales, oculta o distrae bienes o simula obligaciones, se sumará a su patrimonio final el doble del valor de aquellos o de éstas.

Características: 1. Es un delito civil; 2. Requiere dolo específico (disminuir los gananciales); 3. Debe ser aplicado por sentencia ejecutoriada.

SITUACIÓN FINAL 1792-19

ü Si el patrimonio final de un cónyuge fuere inferior al originario, sólo él soportará la perdida

ü Si sólo uno de los cónyuges ha obtenido gananciales, el otro participará de la mitad de su valor

ü Si ambos conyuges hubiesen obtenido gananciales, estos se compensaran hasa la concurrencia de los de menos valor y aquel que hubiere obtenido menores gananciales tendrá derecho a que el otro le pague a titulo de participación, la mitad del excedente.

El crédito de participación en los gananciales será sin perjuicio de otros creditos y obligaciones entre los cónyuges.

Art. 1792-26. La acción para pedir la liquidación de los gananciales se tramitará breve y sumariamente, prescribirá en el plazo de cinco años contados desde la terminación del régimen y no se suspenderá entre los cónyuges. Con todo se suspenderá a favor de los herederos menores.

Término del Régimen de Participación en los gananciales.

Art. 1792-27 El régimen de participación en los gananciales termina:

1) Por la muerte de uno de los cónyuges

2) Por la presunción de muerte de uno de los cónyuges (decreto de posesión provisoria)

3) Por la declaración de nulidad de matrimonio o la sentencia de divorcio

4) Por la separación judicial de los cónyuges

5) Por la sentencia que declare la separación de bienes

6) Por el pacto de separación de bienes.

Rescisión-Revocación-Resciliación-Remisión-Resolución!!!

2011-09-09T14:53:00.000-05:00

Generalmente los estudiantes de derecho sufren por conceptos muy parecidos pero cuyo significado es totalmente distinto, una ligera ayuda para que sepan de que están hablando y no se confundan ;)

Resciliación o mutuo discenso es el acuerdo de voluntades destinado a dejar sin efecto un acto o contrato.

Rescisión Es la declaración judicial de nulidad relativa que extingue la obligación. Se entiende principalmente con respecto a los contratos, negocios o actos jurídicos que están afectados de la nulidad relativa.

Revocación es la ineficacia que generan ciertos actos jurídicos que permiten la retractación de la voluntad de su autor (actos unilaterales) o en los casos que lo permite expresamente la ley (actos bilaterales). Ej. en actos unilaterales tenemos en el testamento y en las donaciones revocables, y en actos bilaterales en el mandato.

Resolución, efecto de la condición resolutoria cumplida.

Art. 1489. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.

Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios.

Remisión o condonación de la deuda, es la renuncia que el acreedor hace de sus derechos en beneficio del deudor. Puede ser: a) Entre vivos o testamentaria. b) expresa o tácita. c) Total y parcial

Art. 1567 Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. (Resciliación)

Las obligaciones se extinguen también en todo o parte:

3° Por la Remisión

8° Por la declaración de nulidad o por la rescisión

9° Por el evento de la condición resolutoria (resolución)

2010-08-25T09:05:00.004-06:00

EL PAGO

Es la prestación de lo que se debe (articulo 1568), o sea, el cumplimiento de la obligación. Es el modo más usual de extinguirse las obligaciones. Paga no sólo el que da una suma de dinero sino en general el que da la cosa debida, ejecuta el hecho debido o se abstiene del hecho del que se había obligado a abstenerse.

Todo pago tiene como causa una obligación pendiente, sea civil o natural.

Quien puede hacer el pago. Articulo 1572. No solo el deudor, salvo que la obligación se haya contraído en consideración a las aptitudes del deudor.

a)Puede pagar el deudor, bajo cuyo nombre podemos incluir a sus mandatarios o representantes legales, a sus herederos y a los legatarios.

b)Puede pagar cualquier persona interesada en extinguir la obligación, como podría ocurrir con el fijador, el codeudor solidario o el tercer poseedor de la finca hipotecada. En estos el tercero se subroga en los derechos del acreedor (articulos 2370, 1522, 2429, 1610 Nº2 y 3).

c)Puede también pagar un tercero extraño,

Con el consentimiento del deudor. En este caso el que paga ha actuado en ejercicio de un mandato para pagar. La obligación se extingue respecto del acreedor pero el tercero se subroga en los derechos del acreedor a quien pagó (articulo 1610 Nº5). El crédito cambia de titular. Pero además el tercero tiene el derecho a ejercer las acciones derivadas del contrato de mandato (articulo 2158). El tercero elige.

-Sin conocimiento del deudor. Este tercero es un agente oficioso. La obligación también se extingue respecto al acreedor pero el tercero debe ser reembolsado (aunque no se subroga, en este caso, en los derechos del acreedor salvo que opere una subrogación convencional) (articulo 1573).

-Contra la voluntad del deudor. Este tercero "rebelde" no se subroga ni tiene derecho a reembolso. Sólo si el acreedor le subroga convencionalmente o le cede voluntariamente su acción podrá accionar contra el deudor (articulo 1574). Excepción: articulo 2291. Sobre la aparente contradicción de estas normas se han dado varias interpretaciones.

Unos creen que el articulo 2291 se aplica cuando el pago ha sido útil y el 1574 cuando no lo ha sido. Otros, que el articulo 1574 se aplica en caso de pagos aislados y el 2291 cuando el pago es parte de un conjunto de actos.

Otros creen que en el articulo 1574 no hay derecho a restitución de lo pagado y en el 2291 tampoco, aunque si acción in rem verso sobre aquello en que el pago haya sido efectivamente útil.

Condiciones requeridas para la validez del pago.

Articulo 1575. Hay que tener presente que el pago es la prestación de lo que se debe y por ende puede tener lugar en las obligaciones de hacer y de no hacer. El articulo 1575 se aplica sólo a las obligaciones de dar y ni siquiera a todas sino sólo a aquellas en que "se debe transferir la propiedad".

a) El que paga debe ser dueño de la cosa que entrega o del derecho que transfiere. Unos creen que esto está indicando que pago y tradición no es lo mismo, pues la tradición hecha por quien no es dueño de la cosa o derecho es válida (si bien no produce su efecto natural cual es el de transferir el derecho o cosa), en cambio en el caso del pago ello acarrearía la nulidad del pago. A mi me parece que simplemente aquí el Código se equivocó y habló de nulidad cuando en realidad el pago hecho por quien no es dueño es válido, sólo que no produce el efecto propio (extinguir la obligación); el legislador analógicamente habló de nulidad (como también lo hace al hablar del mutuo disenso).

Pero el pago hecho por quien no es dueño es válido en ciertas circunstancias. Desde luego, cuando se verifica con consentimiento del dueño (articulo 1575 inciso 1º), el que puede ser previo o a posteriori. (articulos 672 y 1818). O cuando quien paga adquiere después el dominio (articulo 682 inciso 2º) o cuando la cosa pagada es fungible y el acreedor la a consumido de buena fe (articulo 1575 inciso 3º).

Como el pago hecho por quien no es dueño no extingue la obligación, el acreedor podrá demandar del deudor un nuevo pago (restituyendo antes, obviamente, lo que recibió) y el deudor podrá exigir la restitución de lo que "pagó" (en realidad sólo lo entregó).

En cuanto al verdadero dueño de la cosa, podrá reinvindicarla por que el "pago" le es inoponible. Esta acción le prescribirá cuando el acreedor adquiera el dominio por prescripción adquisitiva (articulo 2517), pero el acreedor podrá renunciar a esa prescripción y demandar siempre al deudor en tanto no haya prescrito extintivamente su acción para exigir el pago.

b)El que paga debe ser capaz de enajenar (articulo 1575 inciso 2º), pues el pago es tradición y la tradición se hace con facultad e intención de transferir el dominio. Pero el pago hecho por quien no es capaz de enajenar es a veces válido y eficaz. Desde luego, si se estima nulo, es convalidable por el paso del tiempo (nulidad absoluta) o incluso por la "ratificación" de las partes (nulidad relativa). Asimismo, cuando la cosa pagada es fungible y el acreedor la ha consumido de buena fe (articulo 1575).

c )El pago debe cumplir con las formalidades legales (las formas de la tradición -articulo 679-).

A quien debe hacerse el pago

Es muy importante determinarlo pues si el deudor paga a quien no corresponde, el acreedor puede igual accionar contra el deudor (sin perjuicio de que éste repita lo pagado indebidamente)." EL QUE PAGA MAL PAGA DOS VECES".

El articulo 1576 dice a quien debe hacerse el pago:

a)Al acreedor (incluyendo bajo este concepto a los herederos, legatarios y cesionarios). Pero el pago hecho al acreedor o estas personas es en algunos casos nulos (articulo 1578).

b)Al representante del acreedor, sea legal (articulo 1579), convencional (diputación para recibir el pago -articulo 1580- o judicial- secuestres, administradores,...-).

El Código Civil regula las formas como se puede otorgar el mandato para recibir el pago (articulo 1580) y lo que va envuelto en un mandato general (articulos 2132 y 2133). también, las facultades del mandatario judicial (articulo 1582 en relación al articulo 7º inciso 2º del Código de Procedimiento Civil) y la capacidad para ser diputado para el cobro (articulo 1581), que es la capacidad relativa (articulo 2128). También regula la terminación del mandato para recibir, que expira por las mismas causas que cualquier mandato: Primero, y dado que el mandato es un contrato intuito personae (lo que hace que la diputación sea indelegable (articulo 1583), la diputación termina por la muerte del mandatario (articulos 1583/2163 Nº 5). También termina por la revocación de la diputación, pues el mandato es esencialmente revocable, aunque esto tiene algunos alcances (articulos 1584 y 1585).

c)Se puede también hacer el pago al poseedor del crédito. (articulo 1576 inciso 2º). El pago hecho a cualquier persona que no sea de las señaladas es ineficaz, no extingue la obligación, pero puede convalidarse en ciertos casos (articulo 1577).

¿ Dónde Debe Hacerse El Pago?. Ante todo hay que estarse a la voluntad de las partes (articulo 1587), y a falta de convención hay que distinguir si se trata de una obligación de especie o de género (articulos 1588 y 1589). El lugar del pago determina la competencia de los Tribunales (articuos 135 y 138 del Código Orgánico de Tribunales).

¿Cúando Debe Hacerse El Pago?. Cuando la obligación se ha hecho eigible, es decir, inmediatamente de contraída o una vez cumplida la condición o llegado el plazo suspensivos (articulo 1826).

LOS GASTOS SON DE CARGO DEL DEUDOR salvo que se haya estipulado otra cosa (articulo 1571).

¿Cómo Debe Hacerse El Pago? Articulos 1590 y 1591. Debe ser total (articulo 1569), salvo en las obligaciones facultativas (articulo 1505) o modales (articulo 1093) y literal (articulo 1591) salvo convención contraria (articulo 1591) o excepciones legales (articulo 1592, 1625).

En las obligaciones de especie se aplican ciertas reglas derivadas de la naturaleza de la obligación (articulos 1590, 1547, 1550, 1672, 1677) y asi como hay otras reglas para las de género (articulo 1509).

IMPUTACIÓN DE PAGO.-

Se refiere al problema de determinar a cuál obligación se imputa o aplica un determinado pago cuando entre los mismos acreedor y deudor hay varias obligaciones o una obligación productiva de intereses, y las obligaciones son de la misma naturaleza y el pago siendo suficiente para extinguir total o parcialmente cualquiera de ellas no es sin embargo apto para extinguirlas todas.

La primera opción para decidir la imputación la tiene el deudor (articulo 1596) con limitaciones: Si la deuda gana intereses, no podrá el deudor imputar el pago al capital y luego a los intereses salvo con consentimiento del acreedor (articulo 1595); tampoco podrá imputar el pago a las deudas no vencidas prefiriéndolas sobre las vencidas (salvo consentimiento del acreedor -articulo 1596-) y no podrá imputar a una

obligación que se satisfaga parcialmente antes que a una que se extinga por completo (articulo 1591). Si no imputa el deudor, lo hace el acreedor (articulo 1596) y en último

caso la ley (articulo 1597).

PRUEBA DE PAGO. Lo debe probar el deudor. Como es un acto, le rige la limitación de los articulos 1708 y 1709. Además, hay algunas normas especiales que contienen presunciones: articulos 1595 inciso 2º; 1570.

PAGO POR CONSIGNACIÓN. Al deudor le puede interesar pagar por varios motivos: evitar la resolución del contrato, no seguir devengando intereses, evitar que se le aplique una multa, liberarse de los riesgos de la cosa, recobrar una cosa dada en prenda, alzar la hipoteca, ...La negativa del acreedor no puede afectarle. Además, la negativa del acreedor en recibir no le exime de la obligación de pagar. La mora del acreedor en cumplir su propia obligación purga la mora del deudor, pero no la purga el sólo hecho de que el acreedor se encuentre en mora de recibir. Puede igual el deudor hacer el pago, no obstante la negativa del acreedor (articulo 1598), mediante la consignación.

El pago por consignación requiere dos operaciones: la oferta y la consignación. La oferta es el acto unilateral por el cual el deudor dá al acreedor la oportunidad de recibir voluntariamente y pone de manifiesto su resistencia a recibir. El pago propiamente hablando se hace mediante la consignación, que es el depósito de la cosa debida, con las solemnidades legales y en manos de un tercero, contra la voluntad del acreedo r, hecho en virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla o en virtud de la incertidumbre acerca de la persona del acreedor (articulo 1599).

La consignación debe pues ser precedida de la oferta. Las formas de la oferta son las siguientes:

a)EL ACREEDOR ESTÁ PRESENTE. En este caso se debe cumplir con ciertos requisitos de fondo (articulos 1600 Nº1; 1600 Nº2 en relación al 1578; 1600 Nº3 y 1600 Nº4) y de forma (articulos 1600 Nº5, 6 y 7).

b)EL ACREEDOR NO TIENE DOMICILIO EN EL LUGAR O NO ES HABIDO O HAY INCERTIDUMBRE ACERCA DE LA PERSONA DEL ACREEDOR. En tal caso sólo se debe cumplir con los requisitos del articulo 1600 Nº 1, 3, 4, 5 y 6 y la oferta se hace al acreedor o a su representante legal (articulo 1600 inciso 2º). La oferta puede además omitirse en ciertos casos (articulos 1600 Nº7 y 1601 inciso 5º).

La Consignación requiere también de ciertas formalidades (articulo 1601). En la cuenta del Tribunal si se trata de pago de dinero en los casos del articulo 1600 Nº7 y 1601 inciso. 5º. También en la tesorería, banco, ... (articulo 1601 inciso.1º) o ante un depositario (articulo 1601 inciso. 6º).

El acreedor no puede oponerse (articulo 1601 inciso. 4º). Luego de la consignación debe calificarse la suficiencia del pago (articulo 1603). Si no hay juicio pendiente, se hace como gestión voluntaria (articulos 817 y s.s. del Código de Procedimiento Civil).

Los gastos del pago por consignación son de cargo del acreedor (articulo 1604) y como consecuencia y desde el día mismo de la consignación se extingue la obligación (articulo 1605).

El deudor puede retirar la consignación mientras no haya sido aceptada por el acreedor o declarada suficiente por el Tribunal por sentencia ejecutoriada (articulos 1606 y 1607).

PAGO CON SUBROGACIÓN. En doctrina, se habla de subrogación real (sustitución de una cosa por otra -articulos 1727, 1672, 55 Código de Comercio,...-) o personal (sustitución de una persona por otra). Cuando un tercero se subroga en el lugar del acreedor a consecuencia del pago, se habla de pago con subrogación. Es una subrogación personal, o sea, la sustitución de una persona por otra que ocupa juridicamente su lugar. El pago con subrogación es la sustitución de una persona por otra a consecuencia de un pago (articulo 1608).

El sentido del pago con subrogación es incentivar al pago. Un tercero que paga, tiene derecho a recuperar lo pagado por el deudor, ejerciendo las acciones personales del mandato o de la agencia oficiosa, según el caso. Pero sólo con esas acciones, corre el riesgo de tener que cargar con la insolvencia del deudor. Ocupando el lugar del acreedor, en cambio, con las garantias reales que garantizaban el crédito del acreedor, su seguridad es muy diferente.

La subrogación en virtud del pago puede ser legal o convencional (articulo 1609).

LA SUBROGACIÓN LEGAL.- articulo 1610 inciso 1º. Tiene lugar en forma ipso iure cada vez que el pago se hace bajo ciertas circunstancias legales. Por excepción la subrogación legal requiere de ciertas solemnidades (articulo 1610 Nº6).

La enumeración no es taxativa; el articulo 1610 enumera sólo los principales casos pues alude a que tiene lugar "especialmente a beneficio" de las personas que indica. Articulo 1610 Nº1: Es necesario que el tercero que paga sea otro acreedor y que el acreedor que recibe el pago tenga un mejor derecho en razón de que su crédito es privilegiado o hipotecario. Puede también ocurrir que ambos acreedores sean hipotecarios pero uno es de mejor derecho que el otro. La utilidad de esta figura es calmar a un acreedor que se dispone a realizar bienes en condiciones insatisfactorias para los demás acreedores. Se trata de satisfacer a un acreedor "urgido" y buscar con calma la ocasión más propicia para realizar los bienes del deudor.

Articulo 1610 Nº2: Para que esta situación tenga lugar es preciso que el tercero que paga sea comprador de una finca hipotecada y que el pago se haga a un acreedor hipotecario de la finca. El objetivo es que el comprador que paga a los acreedores hipotecarios se pague -una vez realizada la finca a instancias de otro acreedor hipotecario con crédito insoluto- con preferencia en relación al acreedor hipotecario cuyo crédito quedó insoluto.

Ramón compra en $15 millones un inmueble con tres hipotecas: por $10 millones en favor de Pedro, por $5.000.- en favor de Juan y por $5.000.- en favor de Diego. Los 15 millones de precio sólo satisfacen a Pedro y Juan. Diego entonces intentará su acción hipotecaria y sacará a remate la propiedad. El producto se reembolsará primeramente a favor de Ramón hasta concurrencia de lo que le costó el inmueble (usando la preferencia de Pedro y Juan) y sólo en lo que reste tendrá derechos Diego. De este modo, frente al remate hecho a instancias del acreedor Diego, Ramón habrá perdido el inmueble pero no, al menos, el precio pagado.

La utilidad radica en que de no existir esta norma nadie compraría un inmueble cuando el precio fuere insuficiente para cubrir a todos los acreedores hipotecarios (ya que a instancias de los insatisfechos, perderían el inmueble).

La subrogación sólo opera en favor del "comprador". La adquisición a otro título no queda comprendida dentro de esta situación.

Articulo 1610 Nº3: Esta subrogación beneficia tanto a los fiadores como a los codeudores solidarios. Si son varios fiadores, la obligación se divide entre ellos por partes iguales (articulo 2378). Si son varios los codeudores solidarios, cada codeudor se subroga en la acción del acreedor pero sólo respecto de su parte o cuota (articulo 1522).

Articulo 1610 Nº4: Se trata de un heredero que aceptó con beneficio de inventario y que paga con sus propios dineros (más allá de lo que recibió por sucesión), convirtiéndose en acreedor de la sucesión. Al heredero le puede interesar pagar con el fin de evitar que los bienes de la sucesión se rematen en malas condiciones. Si logra postergar el remate y evitar esa realización, saldrá beneficiado pues pagadas las deudas hereditarias o testamentarias, el saldo le pertenece a prorrata de su cuota hereditaria.

Articulo 1610 Nº5: Aquí hay un tercero que en realidad es mandatario del deudor, pues el mandato no debe ser expreso. Basta con la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra (articulo 2123).

Articulo 1610 Nº6: Este caso de subrogación legal tiene ciertas características muy peculiares. Aqui hay que dejar constancia en escritura pública que el dinero se destina al pago de la obligación y, en la escritura pública de cancelación, que el pago se hizo con ese dinero prestado. La escritura puede ser una misma.

LA SUBROGACIÓN CONVENCIONAL.- Opera en virtud de un acuerdo de voluntades entre el deudor y un tercero que le paga. Ofrece interes en los casos en que por falta de algún requisito legal, no puede operar la subrogación legal.

Articulo 1611.- Que se sujete a las reglas de la cesión de créditos significa que no se perfecciona entre subrogante y subrogado sino por la entrega del título; y respecto al deudor y terceros es necesario notificación o aceptación del deudor (articulos 1910 a 1904).

LOS EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN SON LOS MISMOS EN LA SUBROGACIÓN LEGAL QUE EN LA CONVENCIONAL. Articulo 1612.- El sujeto activo (acreedor) cambia, pero la obligación se mantiene idéntica (articulo 2470). Las

preferencias que pasan al subrogante son sin embargo las inherentes a los creditos, pero no las relativas a la calidad del acreedor. En el caso en que se traspase la hipoteca, debe ser inscrita (articulo 686).

En el caso de subrogación parcial, el crédito pertenecerá en parte al primitivo acreedor y en parte al subrogado hasta concurrencia de lo pagado. Pero el acreedor primitivo tiene el derecho de pagarse preferentemente al acreedor subrogado (articulo 1612 inciso 2º). Pero este privilegio de mantener la preferencia respecto al saldo aprovecha sólo al acreedor primitivo. Cuando son varios los subrogantes, no hay preferencia entre ellos. (articulo 1613).

Hay una diferencia básica entre el pago con subrogación y la novación. En la novación por cambio de acreedor, la obligación entre el nuevo acreedor y el deudor es distinta a la que habla entre el acreedor original y el deudor. No asi en el pago con subrogación, en que la obligación es la misma.

Hay por último una diferencia fundamental entre el pago con subrogación y la cesión de créditos. La cesión de créditos supone siempre un acuerdo entre cedente y cesionario. La subrogación legal no requiere el consentimiento del acreedor. Además, la cesión de créditos es siempre solemne; la subrogación legal es en cambio consensual (salvo en el caso del articulo 1610 nº6).

LA DACION EN PAGO. Es un modo de extinguir las obligaciones y consiste en la prestación de una cosa distinta de la debida. El acreedor no ESTA OBLIGADO a aceptar un pago diferente a lo debido, pero PUEDE VOLUNTARIAMENTE aceptar algo distinto de lo debido.

Se discute en la doctrina la naturaleza de la dación en pago. Unos creen que es una novación por cambio de objeto. Si es así, significaría que el crédito se habría extinguido y en caso de evicción de la cosa recibida, no reviviría el crédito sino que sólo existiría derecho a la indemnización. Esta tesis se ve confirmada por el artículo 2382. Otros creen que la dación en pago es una simple modalidad del pago, y por ende si sobreviene la evicción, quiere decir que el crédito original no habría llegado a extinguirse.

2010-08-25T08:54:00.002-06:00

OBLIGACIONES SUJETAS A MODALIDAD

La regla general es que las obligaciones producen sus efectos inmediatamente hacia adelante, sin restricciones ni limitaciones.

Excepcionalmente, la existencia de modalidades altera estos efectos normales.

Las modalidades son clausulas que se introducen en un acto jurídico y que por ende afectan a la obligación que estos generan desde el punto de vista de su nacimiento, extinción o ejercicio.

Normalmente las modalidades son excepcionales y por ende no se presumen, salvo la condición resolutoria tacita (1489) y la existencia del fideicomisario o su sustituto a la época de la restitución (738).

Si bien en el primer caso estamos frente a una condición que es elemento de la naturaleza, en cambio en el segundo estamos frente a una condición de existencia o elemento esencial y por ende irrenunciable.

Todos los actos admiten modalidades salvo regla especial, como ocurre con el matrimonio, la legitima rigurosa, la adopción, o la aceptación o repudiación de las asignaciones. (102, 1192, 9º ley 7613, 1227). En general se admiten modalidades en el ámbito de lo patrimonial.

Obligaciones condicionales: Titulo IV del libro IV y Titulo IV del libro III. Este ultimo se aplica en virtud del articulo 1493.

Condición

Articulo 1473. "La condición es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho u obligación."

Requisitos:

Debe ser futuro (articulo 1071). En las asignaciones condicionales el legislador distingue situaciones en relación a un hecho presente o pasado. (articulo 1072).

Debe ademas ser incierto. Y ello es lo que se distingue del plazo.

Clases de condiciones:

a) Expresa o Tacita

b) Positivas o negativas (articulo 1474)

c) Determinadas o indeterminadas, según lo que se sepa cuando ocurrirá o no (si llega a ocurrir).

d) posibles o imposibles, física y moralmente (articulo 1475).

La condición positiva y suspensiva imposible se tiene por fallida (articulo 1480).

Si es positiva y resolutoria imposible, se tiene por no escrita. (articulo 1480 inciso.4º).

La condición negativa y suspensiva de una cosa físicamente imposible, hace que la obligación sea pura y simple (articulo 1476). Si fuere moralmente imposible o concebida en términos ininteligibles, se tendrá por fallida (articulo 1476 y articulo 1480 inciso 2º).

La condición negativa y resolutoria imposible (física o moralmente o ininteligible) se tiene por no escrita; la obligación se considera pura y simple y quien tiene la cosa no debe restituir (articulo 1480 inciso 4º).

e) Potestativas, causales o mixtas. (articulo 1477).

Las potestativas dependen de un hecho voluntario del deudor o acreedor o de la sola voluntad del acreedor. Estas ultimas, las meramente potestativas, que dependen de la sola voluntad del deudor, son nulas (articulo 1478).

f) Suspensivas o Resolutorias (articulo 1479).

La condición se llama suspensiva si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho.

Resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho.

La condición, suspensiva o resolutoria, puede encontrarse:

- pendiente, cumplida o fallida (articulo 1482).

Si la condición es positiva y se ha fijado un plazo, se considera cumplida si el hecho sucede dentro del plazo.

Fallida si transcurre dicho plazo sin que suceda; pero si no se ha fijado plazo, se entiende cumplida en cualquier tiempo en que el hecho se verifique, con tal que no pase de diez años (aplicando analógicamente el articulo 962).

Si la condición es negativa, y se ha señalado plazo, se reputará cumplida si no se realiza dentro del plazo fijado y fallida si acontece en él; pero si no se ha fijado plazo, se tendrá por cumplida en cualquier tiempo en que se tenga la certidumbre de que no ocurrirá el

hecho previsto o cuando transcurra el plazo de diez años sin que se haya verificado.

Y se reputará fallida en cualquier momento en que el hecho ocurra dentro de los referidos diez años. Pero la condición debe fallar sin culpa del deudor (articulo 1481 inciso 2º).

¿Como debe cumplirse la condición? De acuerdo a la intención de las partes y en ningún caso por equivalencia. (artículos 1483, 1484, 1485).

Efecto de la condición suspensiva. Mientras está pendiente el acreedor condicional sólo tiene un gérmen de derecho y por ende no puede exigir el cumplimiento de la condición; y si recibe, lo recibido puede repetirse (articulo 1485). Además por no ser exigible la obligación, no corre la prescripción (articulo 2514).

Pero en virtud del "germen de derecho" que tiene el acreedor, y que se transmite (articulo 1492 inciso. 1º), "puede impetrar providencias conservatorias" (artículos 1492, 1078, 761). Cabe notar que el articulo 1492 incurre en una inexactitud pues señala que la obligación condicional no se trasmite en las asignaciones testamentarias, lo que no es efectivo.

En cuanto a los riesgos;

- si la pérdida es total y fortuita, se extingue la obligación;

- Si es parcial y fortuita se debe en el estado que se encuentra (articulo 1486).

- Si la pérdida es total y culpable se debe el precio y la indemnización;

- Si es parcial y culpable, el acreedor podrá pedir lo que reste o bien exigir la resolución y en cualquier caso con indemnización (artículos 1486 inciso 2º y 1820).

Fallida la condición suspensiva, el derecho no llega a existir y se entiende que jamás ha existido; las medidas conservadoras quedan sin efecto.

Cumplida la condición suspensiva, nace el derecho y opera con efecto retroactivo, así se desprende del articulo 77 y 2413 y es lo que explica la transmisibilidad de los derechos y obligaciones condicionales.

Excepciones a esta retroactividad:

- los frutos no se devuelven (artículos 1488, 1090)

-las enajenaciones no caducan respecto de terceros de buena fe (artículos 1490 y 1491).

Efecto de la condición resolutoria.

Concepto: La condición resolutoria ordinaria consiste en cualquier hecho futuro e incierto "que no consista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales" y del cual dependa la extinción de un derecho u obligación.

Opera de pleno derecho y si se solicita judicialmente, por cualquier persona el tribunal limita a constatar que operó. Cualquiera puede alegarla y no puede pedirse -a diferencia de la condición resolutoria tácita- el cumplimiento o la indemnización de perjuicios.

Concepto: La condición resolutoria tácita es un hecho futuro e incierto, del cual depende la extinción de derechos u obligaciones y que consiste en el incumplimiento de condiciones contractuales.

Es tácita, es decir, elemento de la naturaleza y no accidental, como es la ordinaria (articulo 1444). Pero como no es esencial, puede ser renunciada, ya que es patrimonial y mira al sólo interés de los renunciantes. Puede renunciarla una parte o ambas.

Es negativa y simplemente potestativa. Se funda en la equidad y la voluntad probable de las partes y según el articulo 1489 va envuelta en todo contrato bilateral. No existe sin embargo en las particiones, ni en las transacciones, ni tampoco en los contratos de tracto sucesivo (se terminan pero no se resuelven).

Hay autores que creen que también pueden existir en los contratos unilaterales. Otros creen que en sólo en algunos contratos unilaterales que la contemplan expresamente como ocurre con el comodato (articulo 2177), la prenda (articulo 2396).

La condición resolutoria tácita opera de pleno derecho; es decir, es necesario que el acreedor diligente demande la resolución (mediante el ejercicio de la condición resolutoria), conjuntamente con lo cual puede además, demandar indemnización de perjuicios.

Pero el acreedor diligente también puede hacer otra cosa; demandar el cumplimiento forzado con indemnización. Para pedir la resolución es necesario que el cumplimiento no haya sido fortuito sino que haya mora culpable. Eso es un requisito para que proceda la indemnización de perjuicios (articulo 1557), lo que confirman los artículos 1826, 1873, y 2101.

Se discute si basta cualquier incumplimiento para que proceda la resolución. Unos creen que sí, pues el articulo 1489 no distingue. Otros creen que no, fundándose en los artículos 1939, 1972, 1979, y 1852 inciso. 4º. Pienso que la resolución está en el artículo 1483.

Ejercida la condición resolutoria el contrato queda resuelto desde que el fallo resolutorio pasa en autoridad de cosa juzgada. Eso significa que mientras que eso no ocurra, el demandado puede cumplir el contrato.

*condición resolutoria ordinaria*	*condición resolutoria tácita*
1.- La ordinaria opera de pleno derecho. 2.- La ordinaria no puede evitarse cumpliendo	La tácita por resolución judicial. La tácita sí.
3.- La ordinaria la alega cualquier interesado	La tácita sólo puede invocarla el contratante diligente
4.- La ordinaria no da derecho a indemnización	La tácita si da derecho a indemnización
5.- En la ordinaria no puede exigirse el cumplimiento de la obligación pues opera la resolución, y de pleno derecho	En la tácita si puede pedirse el cumplimiento forzado

EL PACTO COMISORIO.

Concepto: es la condición resolutoria tácita expresamente estipulada.

El código trata de él a propósito de la compraventa y más precisamente, en relación a la obligación del comprador de pagar el precio, pero se pueden aplicar estas reglas con un efecto más general. En efecto, no se discute que puede pactarse en todo contrato; aunque se discuten cuales serían las reglas aplicables.

El Pacto Comisorio puede ser de dos clases:

Pacto Comisorio Simple: Este es el que simplemente se estipula que se resolverá el contrato en caso de no cumplirse lo pactado. Por ejemplo el mutuo, el no pago oportuno de una cuota, dará derecho a exigir la resolución de todo el capital prestado. En estos casos la resolución no opera de pleno derecho, sino que es necesario pedirla. Por eso el artículo 1878 permite pedir la resolución o el cumplimiento.

La importancia del pacto comisorio es doble. Por una parte, implica para el ejercicio de la acción plazos diferentes a los de la acción resolutoria emanada de la condición resolutoria tácita. Por otra parte en los contratos bilaterales hay una razón adicional de importancia -según algunos- cual es de que llena la exigencia legal de la que la condición se exprese. (artículos 1491 y 680 inciso. 1º).

El pacto comisorio calificado: Es aquel en que además se estipula que si no se cumple lo pactado en el tiempo convenido se resolverá ipso facto el contrato. En ese caso el contratante moroso puede hacerlo subsistir cumpliendo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación judicial de la demanda (articulo 1879). El plazo para enervar la acción es de veinticuatro horas (articulo 48 inciso 1º). Se discute si es un plazo renunciable o no. En todo caso, es claro que también requiere de declaración judicial.

Efectos de la condición resolutoria.

Sea que la condición haya operado de pleno derecho o por acción resolutoria.

Pendiente la condición, el contrato y la obligación produce sus efectos normales como si fuese pura y simple; sólo que hay una incertidumbre acerca de la duración.

Fallida, el contrato y sus efectos se consolidan como si hubiese sido puro y simple y la condición se considera como no escrita.

Cumplida, se extinguen los derechos y obligaciones como si el contrato jamás hubiera producido sus efectos (retroactivamente). Por eso la RESOLUCION es un modo de extinguir obligaciones (articulo 1597 nº 9).

En los contratos de tracto sucesivo, como el arrendamiento y el contrato de trabajo, la vuelta de las partes al estado anterior es imposible y por eso que se aplica una institución distinta que es la terminación. Entre las partes la resolución implicará la obligación de restituir (articulo 1487) dado que el que tiene la cosa no es dueño ni tiene

ningún derecho sobre ella.

Pero saliendo de las reglas lógicas y aplicando la equidad, el legislador a dicho que sin embargo, los frutos no se deberán salvo que haya norma contractual o legal en contrario (artículo 1488), con lo cual el principio de la retroactividad experimenta una notable excepción.

La ley dispone que en algunos casos no obstante lo anterior, producida la resolución deben restituirse los frutos (artículos 1875 y 1090).

Respecto de terceros, es decir, de aquellos que tienen la cosa o un derecho sobre la cosa, en virtud de que el deudor, antes de la resolución la había enajenado o gravado, el código da la regla de que la resolución no afecta a los terceros de buena fe, es decir, a los que desconocían la existencia de la condición.

Tratándose de bienes muebles el articulo 1490 no agrega nada especial; sólo dice que no pueden reivindicarse de terceros de buena fe, la cual -hay que tenerlo presente- se presume. Por eso, para reivindicar de un tercero es necesario probar la mala fe.

Tratándose de bienes raíces la regla es la misma, pero no es necesario probar la mala fe. Esta se presume cuando la condición constaba el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública (articulo 1491).

Se discute que debe entenderse por constar. Unos dicen que consta a la condición resolutoria tácita, aunque no se haya estipulado, cuando en el título aparece de manifiesto que esta pendiente el cumplimiento de una obligación contractual y no se ha enunciado a la condición resolutoria tácita. El título "respectivo" es el original, aquel que dio origen al derecho condicional. Está demás que el legislador haya exigido que el título se encuentre "inscrito u otorgado por escritura pública", dado que si está inscrito es porque consta por escritura pública y aún constando por escritura pública, será necesario que se inscriba a fin de que traspase el derecho.

Para las donaciones entre vivos hay una regla especial en el articulo 1432.

Análisis del articulo 1490. Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho a reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe.

No es que se "deba" (ello sólo ocurre si se cumple la condición y desde que se cumple) sino que se tiene o posee bajo condición.

No debió referirse al que debió una cosa a plazo, pues en tal caso se trata de un usufructo, que no puede reivindicar la cosa misma, sobre la cual es solo un mero tenedor.

No debió referirse a condición suspensiva o resolutoria, pues en verdad se trata de una condición resolutoria, lo que ocurre es que el que tiene la cosa bajo condición resolutoria la debe bajo condición suspensiva, lo que significa que mientras no se cumpla la condición no la debe.

¿A qué se refiere el artículo 1490 cuando habla de enajenación? Se refiere a la enajenación en sentido estricto, excluyendo los gravámenes. En efecto, la hipoteca, el censo, la servidumbre y la habitación se refiere sólo a bienes inmuebles. Por su parte el usufructo y el uso que se refieren a bienes muebles, se extinguen por la resolución del derecho del constituyente (artículos 806 y 812).

Análisis del articulo 1491. Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena, o lo grava con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública.

No debió decir "debe", sino "tiene o posee". En todo caso, no habla de plazo por lo que la norma es más acertada que el articulo 1490.

¿Sólo se aplica a la hipoteca, censo o servidumbre? Si, porque siendo excepcional, en cuanto hace excepción al efecto retroactivo de la resolución, debe interpretarse restrictivamente.

Cuando el articulo habla de "no podrá resolver la enajenación o gravamen" se refiere a que no habrá acción reivindicatoria contra los terceros. El lenguaje es inapropiado pues tiene el inconveniente de sugerir que la acción resolutoria podría dirigirse contra los terceros lo que es absurdo, pues es personal.

Los artículos 1490 y 1491 sólo se aplican, no obstante los términos amplios a:

- compraventa (artículos 1873 y 1876)

- permuta (articulo 1900)

- el pacto de retroventa (articulo 1882).

Acción Resolutoria. Es la que nace de la condición resolutoria tácita y del pacto comisorio para pedir la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contraídas.

Su objetivo es aniquilar el contrato para destruir consecuencialmente las obligaciones derivadas del mismo.

Característica de la acción resolutoria.

1.- Es una acción personal. Sólo se dirige contra el contratante moroso y por parte del contratante diligente (aquel que cumplió por su parte o está llano a cumplir). Nace un derecho personal que es el del acreedor diligente. Una vez resuelto el contrato, el contratante diligente puede además ejerce la acción reivindicatoria de la cosa de cuyo dominio de supone, por la resolución, que no se ha desprendido jamás.

Puede además ejercer ambas acciones conjuntamente (artículo. 18 Código de Procedimiento Civil) pero naturalmente que el éxito de la segunda derivará del éxito de la primera.

2.- Es una acción mueble o inmueble, según la naturaleza de la cosa debida. Y es patrimonial y por ende renunciable, transferible, transmisible y prescriptible.

3.- En lo tocante a la prescripción hay que hacer una distinción. La acción resolutoria emanada de la acción resolutoria tácita es una acción personal ordinaria y por ende prescribe en cinco años (articulo 2515 inciso 1º) desde que la obligación se hizo exigible (articulo 2514 inciso 2º) y se suspende en favor de los incapaces (articulo 2520).

En cambio, si emana de un pacto comisorio, prescribe en cuatro años, o en el plazo menor fijado por las partes (articulo 1880), sin suspenderse ese plazo (articulo 2524) y desde la fecha del contrato (articulo 1880).

Cumplida la acción resolutoria, los aumentos y mejoras son del acreedor, pero carga el también con los deteriorados o disminuciones, precisamente por el efecto retroactivo de la condición. (articulo 1486 inciso 2º).

Si la pérdida es fortuita, la sufre integramente el acreedor (articulo 1550), conforme al principio de que las cosas perecen para el dueño, pero si es culpable, en el fondo el deudor, al entregar una cosa deteriorada, va a estar incumpliendo las obligaciones pactadas y por ende el acreedor tendrá la alternativa de pedir la ejecución forzada o la resolución, y en ambos casos con derecho a indemnización (articulo 1486 inciso 2º), al igual que en el caso del artículo 1590.

*La resolución*	*rescisión*
autoriza a retener generalmente los frutos (articulo 1488, salvo 1875 y 1090) y sólo permite reivindicar y afectar a terceros de mala fe (articulo 1490 y 1491).	es una forma de invalidez, concretamente la nulidad, y por ende sólo autoriza a retener los frutos percibidos de buena fe (articulo 1687 inciso 2º y 907 inciso 4º). Y da acción reivindicatoria contra terceros de buena o mala fe (articulo 1689).

EL PLAZO.

Se aplica el título IV del título IV del libro III (articulos 1498 y 1080).

articulo 1494 establece que el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de una obligación.

Pero este concepto alude más bien al plazo suspensivo.

En doctrina se define el plazo como un hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio de un derecho (o exigibilidad de una obligación) o la extinción de un derecho (u obligación).

Lo peculiar del plazo es la futureidad y la certidumbre. Esto último es lo que lo distingue de la condición y determina que el contrato sujeto a plazo genere derechos de inmediato, y lo que se suspende mientras no se cumpla el plazo es el ejercicio de ese derecho.

El plazo puede ser incierto y en tal caso es más bien una condición. El artículo 1081 señala que puede haber cuatro tipos distintos de plazos atendiendo precisamente a su certidumbre o incertidumbre y determinación o indeterminación.

La certidumbre o incertidumbre, se refiere a si es seguro o no si el plazo va a llegar. La determinación se refiere a cuando, en caso de llegar, se cumpliría el plazo. El artículo 1083 contempla estas ideas y en síntesis establece las asignaciones (u obligaciones) desde un día son condicionales a menos que el día sea cierto y determinado y que las asignaciones (u obligaciones) hasta un día son a plazo a menos que el día sea incierto e indeterminado.

Asignaciones desde el día (dies ad quo) cierto y determinado: Es plazo. Articulo 1084 inciso 1º. "La asignación desde día cierto y determinado da al asignatario, desde el momento de la muerte del testador, la propiedad de la cosa asignada y el derecho de enajenarla y transmitirla; pero no el de reclamarla antes que llegue el día."

Asignaciones desde el día cierto pero indeterminado: articulo 1085 inciso 1º y 2º. "La asignación desde el día cierto pero indeterminado, es condicional y envuelve la condición de existir el asignatario en ese día".

Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día, como cuando la asignación es a favor de un establecimiento permanente, tendrá lugar lo previsto en el inciso. 1 del artículo. precedente".

Asignaciones desde día cierto pero determinado (ejemplo llegar a una determinada edad). Esta es asignación condicional (articulo 1086).

Asignaciones desde día cierto e indeterminado (ejemplo recibirse de abogado). Es condicional (articulos 1083 y 1086).

Asignaciones hasta tal día (dies ad quem) cierto y determinado. Constituye un usufructo (articulo 1087 inciso 1º).

Asignaciones hasta día cierto e indeterminado. También hay un usufructo (articulo 1087 inciso. 1º).

Asignaciones hasta día incierto pero determinado. También es usufructo, y hay plazo. ¿Por qué? Porque el usufructo se extingue no sólo por el plazo sino también por la muerte del usufructuario. Entonces si falla el plazo, por ser incierto, lo que ocurrirá si el asignatario muere, será simplemente que habrá habido un usufructo de por vida.

Asignaciones hasta el día incierto e indeterminado. Es condición (articulo 1083).

Clasificación de los plazos.

1.-Expreso, es el establecido en términos formales y explícitos. Tácito, el indispensable para cumplir la obligación (articulo 1494). Esto se relaciona con la constitución en mora (articulo 1551 nº2).

2.- Fatal, es aquel que se extingue por la llegada del plazo (artículo 49), no fatal, aquel que se permite cumplir la actuación mientras no se declare la rebeldía por un tribunal.

3.- Determinado e indeterminado; cierto o incierto. Esto ya se vio. La certidumbre o incertidumbre atiende a la seguridad o inseguridad de que el plazo llegará. La determinación, al conocimiento de cuando ocurrirá el plazo, independientemente de que el hecho llegue o no.

4.- Voluntario: es aquel establecido por las partes, como lo permite el artículo 1880 o el 1866. Legal: es aquel que la ley fija, por ejemplo, para acciones o derechos (articulos 2200, 1885,...) Judicial: es el que excepcionalmente el juez fija, por autorizarlo la ley (articulos 378, 904,..) o de oficio.

5.- Suspensivo: es aquel que posterga el ejercicio del derecho o la exigibilidad de la obligación. No afecta a la existencia del derecho; el derecho nace inmediatamente celebrado el contrato (articulo 1084), por lo cual, pendiente el plazo suspensivo, lo que se paga no está sujeto a devolución, pues si bien es cierto que había un plazo pendiente, no lo es menos que existía ya el derecho y eso es lo que justifica que el acreedor a plazo tenga derecho a retener (articulo 1495): En el fondo el deudor que paga anticipadamente renuncia al plazo. A diferencia del acreedor condicional, que no tiene derecho a retener,

pues antes de la co ndición suspensiva carece totalmente de derecho (articulo 1485 inciso 2º). Luego, el efecto fundamental del plazo suspensivo es que no puede ejercerse el derecho ni exigirse la obligación sino pasado el plazo (articulo 1496). Y como mientras tanto no son exigibles, no pueden ser compensadas (articulo 1656 nº 3º). Además, pendiente el plazo no corre prescripción (articulo 2514). Pero pendiente el plazo el acreedor puede exigir medidas conservativas, pues aunque no lo autoriza expresamente el código, se aplica a FORTIORI la autorización que existe para el acreedor condicional. Pendiente el plazo, el derecho se transmite, salvo que sea plazo hasta día, pues en tal caso es un usufructo y por ende intransmisible.

Cumplido el plazo suspensivo, en cambio, la obligación se hace exigible y por eso el vencimiento del plazo coloca al deudor en mora (articulo 1551 Nº 1 y 2). Corre la prescripción y puede operar la compensación.

Extintivo: es aquel que por su cumplimiento se extingue el derecho u obligación (articulo 1080). Pendiente el plazo extintivo, el acto produce efectos como si fuera puro y simple. Llegando el plazo el derecho se extingue pero sin efecto retroactivo: el derecho se tuvo durante todo ese tiempo (ejemplo: el usufructuario no esta obligado a

devolver los frutos percibidos).

La extinción del plazo no sólo se verifica por su vencimiento. También por la renuncia y por la caducidad. En principio el plazo se establece en favor del deudor y por eso normalmente el puede renunciar al plazo. Pero no siempre, pues también puede interesar al acreedor, como en el depósito (articulos 2220, 2219, 1497, 2204, artículo 10 de la ley 18.010). Tampoco puede renunciar al plazo se le prohibió hacerlo (artículo 12).

En cuanto a la Caducidad, esta consiste en la ocurrencia de circunstancias que hacen riesgoso para el acreedor seguir esperando el plazo (articulos 1496 y 2427) Pero además en la quiebra, notoria insolvencia y la pérdida o disminución de las cauciones, habría que mencionar la caducidad convencional, o sea, las "clausulas de aceleración".

EL MODO

Es la carga que se impone a quien se otorga una liberalidad, sea donación o disposición testamentaria.

Está regulado a propósito de estas últimas, pero sus normas se aplican también a las obligaciones entre vivos (el articulo 1493 aplica las normas de los artículos 1089 a 1096). De acuerdo al artículo 1089, el modo no constituye una condición suspensiva, y por eso, no suspende la adquisición de la cosa asignada. El código regula cómo debe cumplirse el modo (articulo 1094).

En cuanto a la imposibilidad de cumplir el modo lo regula en el articulo 1093.

Si el asignatario o donatario no cumple el modo, ello implicaría la resolución, siempre y cuando la obligación o asignación modal lleve cláusula resolutoria (articulo 1090). Según el articulo 1090, en las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, sino se cumple el modo.No se entenderá que envuelven claúsula resolutoria cuando el testador no la expresa. Si no lleva y el modo es en beneficio exclusivo del asignatario, no impone obligación alguna.

Obligaciones Naturales

2010-08-25T08:52:00.000-06:00

OBLIGACIONES NATURALES

Art. 1470. Las obligaciones son civiles o meramente naturales.

Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.

Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.

Tales son:

1. Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos;

2. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción;

3. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida;

4. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.

Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes.

1470 N°1 Obligaciones contraídas por el menor adulto.

Se presentaba el problema de que ocurría con los absolutamente incapaces, y era y es obvio que sus actos no producen ni aun obligaciones naturales (1447 inciso.2).

Respecto al disipador declarado en interdicción, tampoco se aplicaba ni se aplica pues precisamente por carecer de suficiente juicio y discernimiento es que ha sido declarado en interdicción (Alessandri). Claro Solar cree que debe estar comprometido. Según Meza Barros, si la obligación es nula pero se ratifica o se valida por la prescripción de la acción rescisoria, la obligación, de natural se convierte en civil. Creo que eso es un error: la obligación natural por este concepto lo es sólo si está declarada la nulidad. Así cree Alessandri fundado en que la nulidad no produce efectos sino en virtud de sentencia firme (1684 y 1687). Antes, la obligación es civil. Y declarada la nulidad el acto no puede volver a ser válido por ratificación. Pero Claro Solar cree que la obligación es natural desde la existencia del vicio que la hace rescindible, aunque no esté declarada judicialmente la nulidad. La sentencia en nada afectaría al carácter de natural de la obligación porque esta no dejaría de serlo por ser rechazada la acción contra el naturalmente obligado (el articulo 1471 establece que la sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra al naturalmente obligado, no extingue la obligación natural). Tampoco exige otra cosa que el vicio el articulo 2375.

1470 N°3 Obligaciones que proceden de actos absolutamente nulos.

No solo por falta de solemnidades sino falta de cualquier requisito o existencia de cualquier vicio que sanciona la ley con la nulidad absoluta. Respecto de estas obligaciones, Meza Barros cree que no es necesaria la declaración de nulidad para que la naturalidad de la obligación exista y por eso si el deudor paga, no puede repetir lo pagado pidiendo la nulidad de la obligación. Hay jurisprudencia en tal sentido, pero que no comparto pues con ese criterio nunca prosperaría la acción reivindicatoria emanada de un acto absolutamente nulo. Lo que hay que aplicar aquí es solo la norma del artículo 1468, que establece que no podra repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. A contrario sensu, es obvio que puede repetirse lo dado o pagado en virtud de un acto nulo (salvo que haya declaración de nulidad). Se plantea el problema si acaso este número del artículo 1470 se refiere a actos de toda clase o sólo a los unilaterales, como el ejemplo que se coloca. A mi juicio es obvio que debe aplicarse a todos los actos jurídicos.

1470 N°2 Obligaciones civiles prescritas.

La prescripción más que un modo de extinguir obligaciones es un modo de extinguir acciones. Así se llama, ademas, el párrafo tercero del titulo 42 del libro cuarto.

¿Se requiere declaración judicial? Si, porque por el sólo transcurso del tiempo el deudor adquiere la excepción perentoria de prescripción, pero si no la opone o renuncia a ella expresa o tácitamente (2494), no hay prescripción y el juez debe acoger la acción. A pesar de que podría inducir a creer lo contrario el artículo 2514 cuando establece que para que opere la prescripción se exige sólamente el transcurso del tiempo.

1470 N°4 Obligaciones que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.

Solo por falta en el aspecto de la prueba.

Hay quienes creen que ademas hay obligación natural en los demás casos en que la ley no autoriza la repetición, como con la multa en los esponsales (99). La mayoría cree que aauí no hay obligación natural sino solo una sanción. Y no hay obligación natural porque los esponsales "no producen efecto alguno ante la ley civil", es decir, no generan

obligaciones que puedan ser novadas o caucionadas.

Otro caso que se suele citar como la obligación natural es el artículo 1468, pero en realidad no hay tal, pues se trata de una sanción cuyo fundamento es justo el inverso del de las obligaciones naturales. En este caso no se trata de validar el cumplimiento de un deber moral si no de castigar el dolo. Una situación similar es la del artículo 2208: "Si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no podran repetirse ni imputarse al capital" y artículo 15 de la ley 18.010, pero tampoco hay obligación natural pues no puede haber en este caso novación o caución. Si los hubiera, habría entre las partes una convención y ocurre que la norma se pone justo en el caso en que no hay estipulación.

En cambio el caso del artículo. 2260 si parece ser una obligación natural: "El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. El que paga no puede exigir el pago..."

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES NATURALES

Autorizan para retener lo pagado, porque el cumplimiento de una obligación natural no es un acto de liberalidad sino un pago. De ahí lo que disponen los artículos 2296 ("no se podra repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo. 1470") y 2297 ("Se podra repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente natural").

Pero ese efecto se da sólo si el pago se hizo sin error de hecho y por parte del capaz de pagar. (articulo 1470 inciso final: "para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes").

La obligación natural que es causa suficiente para el pago, puede serlo de una novación y reemplazarse una obligación natural por una civil y viceversa:articulo 1630: "Para que sea valida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean validos, a lo menos naturalmente". Después de todo, la novación no es sino una forma de pago.

Las obligaciones naturales no pueden ser compensadas, al menos no pueden ser objeto de la compensación legal, si bien convencional.(articulo 1656 Nº 3 exige "que ambas (deudas) sean actualmente exigibles".)

Las obligaciones naturales pueden ser caucionadas. artículos 1472 "Las fianzas, hipotecas, prendas y clausulas penales constituídas por terceros para seguridad de estas obligaciones, valdrán". Articulo 2338: "La obligación a que accede la fianza puede ser civil o natural".

Sin embargo, en las obligaciones naturales, el fiador no goza del beneficio de reembolso ni de excusión.(articulo 2358). (articulo 2375: "Las acciones concedidas por el artículo. 2370 no tendrán lugar en los casos siguientes: 1º Cuando la obligación del principal deudor es puramente natural, y no se a validado por la ratificación o por el lapso de tiempo...").

Que ocurre respectos de terceros que caucionan una obligación natural? En este caso el 1470 Nº1, la obligación, para ellos, es civil, pues la nulidad solo afecta al deudor incapaz y la nulidad solo puede alegarla. En el caso del 1470 Nº3, en cambio, el tercero si podría la nulidad absoluta, pues tiene interés (1683); es decir, para el también es natural la obligación.

En el caso del artículo. 1470 Nº2 y 4, la caución importa una renuncia a la prescripción (2518) y en cualquier caso una prueba. Por eso, no podría el tercero invocar la excepción respectiva.

f) 1471. La sentencia que rechaza la acción contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural.

inexistencia-nulidad absoluta-nulidad relativa

2006-09-03T19:23:00.002-06:00

INEXISTENCIA

Luis Claro Solar señala que si falta uno de los elementos existenciales el acto jurídico este no existe, no produce efecto alguno. Pues según el 1444 cosas de la esencia: no produce efecto alguno; 1701 la falta de instrumentos público no puede suplirse en los actos y contratos que representen esa solemnidad, se mirarán como no celebrados; 1809 precio en la compraventa, si no se determina no habrá compraventa.

Alessandri: la inexistencia no tiene aplicación en el derecho civil chileno por lo que la máxima sanción es la nulidad. Títlo XX del libro IV “nulidad y rescisión” 1682 sanciona con nulidad absoluta la omisión de los requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos y contratos en consideración a la naturaleza de estos Replica de Claro Solar: cuando el CC regula la nulidad parte del supuesto de que el acto es anulable, que existe porque cumple con los requisitos esenciales para su existencia 1682 no se refiere a los actos que se ha omitido un requisito de existencia

NULIDAD ABSOLUTA

Es la sanción a todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie.

Causales:

• Objeto ilícito

• Causa ilícita

• Omisión de requisitos o formalidades establecidas en relación a su especie

• (I) falta de voluntad

• (I) falta de objeto

• (I) falta de causa

• (I) error esencial

• (I) falta de solemnidades de existencia

Puede alegarse por :

• cualquier persona que tenga interés en ello (actual y pecuniario) exepto el que ha ejecutado el acto a sabiendas o debiendo saber del vicio que lo invalidaba

• Ministerio público en interés de la moral y de la ley

• Juez de oficio cuando el vicio aparece de manifiesto en el acto o contrato

Saneamiento: 10 años desde la celebración del acto o contrato

NULIDAD RELATIVA

Es la sanción a todo acto o contrato a que falte algún requisito que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según la naturaleza del mismo acto o contrato, según la calidad o estado de las partes

Causales:

• Actos de los relativamente incapaces

• Error sustancial

• Error en la calidad accidental cuando es el principal motivo para contratar y es conocido por la otra parte

• Error en la identidad de la persona

• Fuerza o violencia moral

• Dolo determinante

• Omisión de algún requisito que por ley prescribe para el valor del acto en consideración al calidad o estado de las partes

• Lesión

Pueden alegarlo:

Aquellos en cuyo beneficio lo ha establecido la ley, sus herederos o legatarios.

Saneamiento:

• 4 años,

si existe violencia o fuerza desde que esta cesa.

Error o dolo desde la celebración del contrato.

Incapacidad desde que cesó

Ratificación del acto: acto unilateral por el cual la parte que tenía el derecho de alegar la nulidad renuncia a esta facultad, saneando el vicio de que adolecía el acto o contrato.

INCOSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, modificado por ley 20.050

2006-07-30T19:29:00.001-06:00

Ley inconstitucional es qauqella que se aparta o contradice alguna de las normas que la cpr (Constitución Política de la República) establece, ya que deben estar subordinadas a ella. Esto es así por aplicación del principio de Supremaciía Constitucional, elemento del estado de derecho y consagrado en los art. 6 y 7 de la cps. Este principio indica que todo órgano del Estado, magistratura, autoridad, person, institución o grupo debe someterse a la ccpr, que es en el fondo y en la forma la norma fundamental del Estado, a la cual deben someterse todas las normas jurídicas y las decisiones de los gobernantes y gobernados. La inçconstitucionalidad puede ser: de Forma: se configura si no se ha cumplido los requisitos que el ordenamiento constitucional fija para la tramitación de la ley. de Fondo: se produce si la ley transgrede en alguno de los derechos garantizados por la cpr Organos de control jurisdiccional 1.- El Tribunal Constitucional. a.- vela por la supremacía constitucional antes de que la ley entre en vigencia, es decir, durante su tramitación b. Conoce del Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad c. Conoce del Recurso de

2006-07-12T11:30:00.002-06:00

LOS RECURSOS [1]

Concepto. Recurso es el acto jurídico procesal de parte o de quien tenga legitimación para actuar, mediante el cual impugna una resolución judicial, dentro del mismo proceso que se pronunció solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que sostiene se le ha causado con su dictación.

Elementos del recurso:

1. Debe ser contemplada por el legislador la existencia del recurso, determinando el tribuinal que debe conocer de él y el procedimiento que debe seguirse para su resolución.

2. Acto jurídico procesal de parte o de quien tenga legitimación para actuar

3. Existencia de un agravio para el recurrente

4. Impugnación de una resolución judicial dentro del mismo proceso en que se dictó

5. Revisión de la sentencia impugnada

Principios aplicables al sistema de recursos chileno

Principio jerarquico Se aplica preferentemente para determinar el T competente para conocer de un R, existiendo muy escasas excepciones que son señaladas expresamente por la ley. De acuerdo con esta regla, el recurso interpuesto siempre lo debe conocer y fallar el superior jerarquico del T que pronunció la resolución que se impugna.

Art. 110. Una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente fijada la del tribunal superior que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia.

Principio de la doble instancia:

Principio de la preclusión. Los R tienen una oportunidad o plazo fatal dentro del que pueden ser presentados, por lo que si ellos se deducen transcurrido dicho plazo deberán ser declarados inadmisibles por haberse extinguido la facultad

Clasificación de los recursos:

De acuerdo a la finalidad perseguida:

Recursos de nulidad: casación y revisión

Recursos de enmienda: apelación y reposición

Recursos con finalidades disciplinarias: recurso de queja y queja disciplinaria

De acuerdo al Tribunal ante el cual se interpongan y por quien se falle

Rec. Que se interponen ante el mismo T que dicto la resolución para que el mismo los falle: aclaración, rectificación y enmienda y de reposición

R que se interponen ante el mismo T que dictó la resolución para que lo falle el superior jerárquico: apelación y casación en la forma

R que se interponen ante el mismo T que dicto la resolución para que lo falle con competencia “per saltum” no el superior jerárquico sino que el T de superior jerarquía que este: R nulidad en contra de una sentencia definitiva pronuncia por un T oral o por el J de garantía en un procedimiento simplificado; el que se interpone por alguna de las causales y concurriendo las circunstancias específicas previstas en la ley.

R que se interponen directamente ante el T que la ley señala para los efectos que los falle el mismo: revisión, queja y hecho.

De acuerdo a la procedencia en contra de mayor o menos cantidad de resoluciones judiciales:

R ordinarios. Procede contra la mayoría de las sentencias

R extraordinarios: aquel en que el legislador ha establecido causales específicas para determinar la procedencia del recurso, no posibilitándose su interposición a una parte por la sola concurrencia del agravio causado por una resolución.

De acuerdo a la resolución objeto de la impugnación

R Principal. Aquel que se interpone en contra de una resolución que resuelve el conflicto sometido a la decisión del tribunal.

R incidental. Aquel que se interpone en contra de resoluciones que no resuelven el conflicto, sino que recaen sobre incidentes o trámites del litigio.

LOS RECURSOS DE RETRACTACIÓN

1.- R DE ACLARACIÓN RECTIFICACIÓN Y ENMIENDA

Art. 182. Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria o alguna de

 las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en

manera alguna. Podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los

 puntos obscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores

 de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de

 manifiesto en la misma sentencia.

    Lo dispuesto en este artículo no obsta para que el rebelde haga

 uso del derecho que le confiere el artículo 80.

Concepto: Acto jurídico procesal del mismo tribunal que dictó una sentencia definitiva o interlocutoria, quien actuando de oficio o a requerimiento de alguna de las partes del proceso, procede a aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia.

Naturaleza Jurídica: Existe en este punto una discusión por una parte la doctrina señala que es un recurso, puesto que tiende a modificar una sentencia, incluyendo un punto sobre el cual no ha habido un pronunciamiento claro o no resulta entendible por la parte.

Otros señalan que no es un recurso, sino más bien una acción de mera certeza que constituye un incidente en el proceso de formación de la sentencia, para esto dan las siguientes razones:

No cumple con los fines de un recurso

No existe agravio o gravamen que legítima al recurrente para hacer valer un recurso

No existe plazo para su ejercicio

Procede ser ejercida aun en contra de sentencias ejecutoriadas

Objetivo:

Aclarar puntos oscuros o dudosos, explicar el real contenido de la declaración de voluntad manifestada en el fallo, haciendo coincidir lo querido con lo expresado. Sólo se trata de corregir la expresión y no lograr que por este medio se pueda modificar el alcance o contenido de la sentencia.

Salvar las omisiones. Esto es llenar los vacíos de la sentencia en la decisión de peticiones que fueron formuladas por las partes oportunamente y en forma dentro del proceso. Es menester que se trate de un error involuntario del T, o sea, no de una omisión por una pretensión que resulta denegada.

Rectificar errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia. Esto es corregir o enmendar los errores materiales que puedan haberse cometido en el documento en el cual se contiene la sentencia como manifestación de voluntad.

Resoluciones respecto de las que procede.

Procede contra las sentencias definitivas e interlocutorias, el legislador omitió incluir los autos y decretos como resoluciones respecto de las cuales puede ejercerse la facultad de aclaración. No obstante, podría interpretarse que podrá ser ejercida por el tribunal en merito de la facultad que le otorga la ley de corregir los vicios de procedimiento.

Oportunidad para ejercerlo.

Hay que distinguir:

A. de oficio por el T.

Art. 184). Los tribunales, en el caso del artículo 182, podrán también de oficio rectificar, dentro de los cinco días siguientes a la primera notificación de la sentencia, los errores indicados en dicho artículo.

Este artículo establece un plazo fatal de 5 días contados desde la primera notificación de la sentencia para que el T ejerza la facultad. Se ha sostenido (libedinsky) que el T actuando de oficio sólo podría en virtud del 184 rectificar errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia, pero en ningún caso podría ejercer en forma oficiosa la facultad de aclarar los puntos oscuros o dudosos o salvar omisiones.

B. a petición de parte

               El legislador dentro del CPC no ha contemplado ningún plazo dentro del cual ellas puedan ejercer la facultad, pudiendo requerir la aclaración, rectificación y enmienda en cualquier momento, aún cuando se trate de sentencias firmes o ejecutoriadas o de fallos respecto de los cuales hubiere algún recurso pendiente.

               La razón de no establecer un plazo para que las partes ejerzan esta facultad radica en que a través de ella no se persigue alterar lo resolutivo de la sentencia y con ello atentar en contra de la autoridad de cosa juzgada que de ella emana en caso de encontrarse ejecutoriada.

Tramitación y efectos que genera la presentación

Art. 183 Hecha la reclamación, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella sin más trámite o después de oír a la otra parte; y mientras tanto suspenderá o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia, según la naturaleza de la reclamación.

En consecuencia el T se encuentra facultado por ley, para resolver de plano la solicitud de aclaración o darle la tramitación de incidente. El art. 183 otorga la facultad para decidir si suspende o no la tramitación del juicio o la ejecución de la sentencia según la naturaleza de la reclamación.

Recursos que proceden en contra de la resolución que aclara, rectifica o enmienda una sentencia

a. la interposición de un recurso en contra de la sentencia, no impide que el T de oficio o a petición de parte efectúe una aclaración, rectificación o enmienda de ella.

b. El plazo para interponer un recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva o interlocutoria no se suspende por la solicitud de aclaración que se hubiere formulado

c. Art. 190 (213). El término para apelar no se suspende por la solicitud de reposición a que se refiere el artículo 181.

Tampoco se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación de la sentencia definitiva o interlocutoria. El fallo que resuelva acerca de dicha solicitud o en que de oficio se hagan rectificaciones conforme al artículo 184, será apelable en todos los casos en que lo sería la sentencia a que se refiera, con tal que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admita el recurso.

2. R DE REPOSICIÓN

Art. 181. Los autos y decretos firmes se ejecutarán y mantendrán desde que adquieran este carácter sin perjuicio de la facultad del tribunal que los haya pronunciado para modificarlos o dejarlos sin efecto, si se hacen valer nuevos antecedentes que así lo exijan.

Aún sin estos antecedentes, podrá pedirse, ante el tribunal que dictó el auto o decreto su reposición, dentro de cinco días fatales después de notificado. El tribunal se pronunciará de plano y la resolución que niegue lugar a esta solicitud será inapelable; sin perjuicio de la apelación del fallo reclamado, si es procedente el recurso.

Concepto: el R es el acto jurídico procesal de impugnación, que emana exclusivamente de la parte agraviada y tiene por objeto solicitar al mismo T que dicto la resolución que la modifique o deje sin efecto.

Características

a. es un recurso de retractación. Que se presenta ante el mismo T que dicto la resolución para que lo resuelva el mismo.

b. Es un recurso que emana de la facultad jurisdiccional de los T

c. Es un recurso ordinario. Procede en contra de la generalidad de los autos y decretos.

Resoluciones en contra de las cuales puede presentarse R reposicion

Regla general:  contra los autos y decretos

Excepción: contra determinadas sentencias interlocutorias

a. la resolución que recibe la causa a prueba

b. ña resolución que cita a las partes a oir sentencia, luego de vencido el plazo que las partes tienen para formular observaciones a la prueba

c. la resolución del T de alzada que declara inadmisible el recurso de apelación

d. La resolución que declara la prescripción del recurso de apelación

e. La resolución que declara inadmisible el recurso de casación

f. La resolución que rechaza el recurso de casación en el fondo por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

g. La resolución que deniega la solicitud para que el recurso de casación en el fondo sea conocido y resuelto por el T pleno

Sujeto legitimado para deducir el R

Es la parte agraviada con la resolución pronunciada por el T

Oportunidad procesal para deducir el recurso

a. Reposición que procede excepcionalmente en contra de algunas sentencias interlocutorias.  3 días plazo individual, discontinuo, fatal improrrogable y no admite ampliación alguna.

b. Reposición ordinaria. La solicitud de reposición que se hace valer en contra de un auto o decreto dentro de 5 días contados desde la notificación de la resolución, sin hacer valer nuevos antecedentes. Plazo de 5 días es individual, discontinuo, legal, fatal improrrogable y no admite ampliación alguna.

c. reposición extraordinaria. En el evento de presentarse una reposición en contra de un auto o decreto haciéndose valer nuevos antecedentes, hay que distinguir.

- ámbito de aplicación. En materia civil sólo es aplicable tratándose de autos y decretos

-Concepto de nuevos antecedentes. Corte Suprema lo ha definido como “algún hecho que produce consecuencias jurídicas, existente pero desconocido para el T cuando se dicta la respectiva resolución. En consecuencia resulta inaceptable estimar que se puede invocar como antecedente nuevo un precepto legal y a vigente al tiempo en que fue pronunciado el auto o expedida la providencia cuya modificación se solicita.

-Inexistencia de plazo para la interposición. Se ha sostenido que no tiene plazo para su interposición, por lo que él puede ser interpuesto en cualquier tiempo. La jurisprudencia para poner un límite a la interposición la ha asimilado a los incidentes “porque al acompañar nuevos antecedentes, la parte que lo hace formula un incidente respecto, y si tales antecedentes tienen relación con los trámites esenciales del procedimiento podrán presentarse sin limitación de tiempo, y en caso contrario, tan pronto lleguen a conocimiento de la parte y mientras este pendiente aún la ejecución de lo resuelto”

Forma de deducir el recurso de reposición

               Aunque el legislador no lo señale expresamente deberá deducirse en FORMA FUNDADA, señalando la resolución en contra de la cual se deduce y terminará solicitando que se acoja la reposición, dejando la resolución sin efecto o modificándola en la forma que sea procedente. Es posible deducir el recurso de apelación en forma subsidiaria para el evento de ser rechazada la reposición

Tramitación de la reposición

a. Reposición extraordinaria contra autos y decretos.  Debe dársele la tramitación contemplada en las reglas generales para las cuestiones accesorias o incidentes. La interposición SUSPENDE los efectos o el cumplimiento del auto o decreto en contra del cual se interpuso desde la presentación del recurso y hasta que el T lo falle.

b. Reposición ordinaria. Art 181 sostiene que el T se pronunciará DE PLANO.

c. Reposición de la interlocutoria de prueba

Art. 319. Las partes podrán pedir reposición dentro de tercero día, de la resolución a que se refiere el artículo anterior. En consecuencia, podrán solicitar que se modifiquen los hechos controvertidos fijados, que se eliminen algunos o que se agreguen otros.

El tribunal se pronunciará de plano sobre la reposición o la tramitará como incidente.

La apelación en contra de la resolución del artículo 318 sólo podrá interponerse en el carácter

de subsidiaria de la reposición pedida y para el caso de que ésta no sea acogida. La apelación se concederá sólo en el efecto devolutivo.

               La interposición del recurso de reposición SUSPENDE el cumplimiento de la resolución que recibe la causa a prueba mientras éste no sea resuelto.

Recursos que proceden en contra de la resolución que ACOGE la reposición.

               El artículo 181 en su inciso final cocedería el recurso de apelación a la parte a favor de quien estaba la resolución que fue objeto de reposición, esto siempre que la resolución que acoge la reposición revista el carácter de sentencia interlocutoria.

               Si la resolución que falla la reposición en contra de un auto o decreto, mantiene el carácter o decreto:

-         Si el auto o dereto es apelable, se aplica el 188 cpc

-         Si el auto o decreto es inapelable, no cabe deducir nueva reposición

-         La resolución NO tiene el carácter de sentencia interlocutoria, ya sea de primera o segunda clase.

Recursos que proceden en contra de la resolución que RECHAZA la reposición

a. Si la parte al deducir la reposición ha interpuesto el recurso de apelación subsidiario, deberá darse curso a éste si fuera procedente de acuerdo a las reglas generales.

b. Si la parte no interpuso apelación subsidiaria, no sería posiblededucir apelación directamente con posterioridad en contra de la resolución que fallo la reposición.

               El art. 181 en su inciso final señala “la resolución que niegue lugar a la reposición será inapelable”.

[1] Basado en “Los Recursos” del Prof. Cristian Maturana Miquel, apuntes del departamento de Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, julio 2003

derecho procesal

EL MANDATO

2006-07-12T10:16:00.001-06:00

Profesor. Juan Orrego

1.- Definición.

El Código Civil define al contrato de mandato en el art. 2116, en los siguientes términos: “El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera”.

Cabe destacar, desde ya, la importancia que tiene la expresión “confía”, que pone de manifiesto, según veremos, su carácter de contrato intuito personae.

2.- Requisitos del mandato.

a) Que se confíe o encargue a otra persona, la ejecución de uno o más negocios jurídicos, como celebrar un contrato, cobrar, percibir, demandar, etc.

El encargo que consiste en la ejecución de un hecho material, no constituye mandato, sino un contrato de arrendamiento de servicios o de confección de obra material.

En principio, todos los actos jurídicos pueden ejecutarse mediante mandatarios, salvo que la ley disponga lo contrario, como acontece:

En el art. 1004, al establecerse que la facultad de testar es indelegable. El otorgamiento del testamento es un acto personalísimo;
A propósito del albaceazgo, cuando el artículo 1280, inciso 1º, establece que es indelegable, a menos que el testador lo haya autorizado;
Con la estipulación de las capitulaciones matrimoniales, que deben convenir personalmente los esposos, aunque fueren incapaces (artículo 1721), sin perjuicio que en este último caso, requieren los novios ser autorizados por quienes están llamados a prestar el asenso para el matrimonio de los menores adultos.

b) Que el negocio no interese sólo al mandatario.

Usualmente, el mandato se celebra en exclusivo interés del mandante: art. 2120. Habrá “verdadero mandato”:

si el negocio es de mutuo interés del mandante y del mandatario;
si el negocio es de interés del mandante y de un tercero;
si el negocio interesa sólo al mandante; y
si el negocio es de interés de un tercero, exclusivamente.

Pero no existe mandato, si el negocio sólo interesa al mandatario: art. 2119. Se trata, en este caso, de “un mero consejo, que no produce obligación alguna.”

c) Que mandatario y mandante sean capaces.

Diferente es la capacidad de uno y otro, exigida por la ley:

respecto del mandante, la ley no ha dado reglas especiales, aplicándose en consecuencia las normas generales en materia de capacidad. Tal capacidad, se ha dicho, sería aquella necesaria para celebrar y ejecutar el acto jurídico al que se refiere el mandato, considerando que jurídicamente es el mandante quien contrata, aunque lo haga a través de otra persona: art. 1448. Sin embargo, no debemos olvidar los postulados de la doctrina de la representación-modalidad del acto jurídico, en el marco de la cual se afirma que es la voluntad del mandatario la que interesa, sin perjuicio de que los efectos del acto jurídico se radiquen en el mandante.
respecto del mandatario, debemos distinguir dos situaciones:

1º Para que una persona pueda actuar como mandatario de otra de manera que obligue a ésta y a los terceros a cumplir las obligaciones que de su actuación emanen, no es necesario que sea plenamente capaz: art. 2128, primera parte, admite que el mandatario sea un menor adulto.

La razón de esta disposición radica, a juicio de algunos, en que el mandatario no actúa por sí mismo en representación de su mandante, y es la capacidad de éste la que debe tomarse en cuenta en la celebración del acto jurídico. Sin embargo, tal fundamento resulta discutible, a la luz de los aludidos postulados de la doctrina de la representación-modalidad del acto jurídico.

En todo caso, nunca puede constituirse en mandatario a un absolutamente incapaz, porque carece de voluntad; y porque la ley no admite la ratificación de sus actos. ¿Podría quedar comprendido el disipador interdicto en el artículo 2128? Pareciera que no, pues el precepto sólo alude al menor adulto, y no a los relativamente incapaces, en general.

2º Distinta es la situación en las relaciones jurídicas entre el mandante y el mandatario o entre éste y terceros: art. 2128, segunda parte.

Rigen aquí las reglas generales de la capacidad y de los actos de los menores (se aplicará, por ende, el artículo 1688 del Código Civil).

3.- Características del mandato.

a) Es un contrato generalmente consensual.

El mandato, por regla general, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, sin necesidad de formalidad alguna: arts. 2123 y 2124.

Como todo contrato es el producto de dos voluntades, una que ofrece la celebración del contrato y otra que la acepta, en el mandato deben intervenir también esas dos voluntades; una vez hecha por el mandante la oferta para que en su nombre se realice un negocio jurídico, es necesario que el mandatario acepte por su parte ese encargo. Dicha aceptación puede ser expresa o tácita. Es aceptación expresa, aquella que se presta en términos explícitos que no dejan lugar a dudas acerca del hecho de haberse producido. Es aceptación tácita la que consiste en la ejecución de cualquier acto que revela que por parte del mandatario hay intención de celebrar el contrato, de aceptar el encargo que se le hace. En general, hay aceptación tácita en todo acto que efectúe el mandatario en ejecución del mandato.

Con todo, a pesar de haber aceptado el mandato, el mandatario podrá retractarse: art. 2124, 3º. Se explica lo anterior, considerando que una de las causales de expiración del contrato de mandato es la renuncia del mandatario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2163 Nº 4. La renuncia podrá o no acarrear responsabilidad al mandatario: quedará exento mientras el mandante pueda ejecutar por sí mismo el negocio o encomendárselo a otra persona. En caso contrario, responderá en los términos previstos en el art. 2167.

Excepcionalmente, el silencio puede constituir manifestación de voluntad, en términos de aceptar el mandato: art. 2125.

* Mandato solemne.

Excepcionalmente, el mandato es solemne, por expresa disposición de la ley. Tal ocurre con:

1º El mandato judicial: art. 6, CPC. debe constituirse por escritura pública; por un acta extendida ante el juez y suscrita por todos los otorgantes; o por declaración escrita del mandante y autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa.

2º El mandato para contraer matrimonio: art. 15, Ley de Registro Civil; el mandato debe constar por escritura pública, según lo dispone el art. 103 del CC. Se trata de un mandato nominado, como es obvio.

3º El mandato conferido por la mujer casada en sociedad conyugal, para que su marido realice determinados actos jurídicos: arts. 1749 y 1754. El mandato deberá ser especial y conferido por escritura pública.

4º El mandato conferido para enajenar o gravar bienes afectados como familiares (artículo 142 del Código Civil).

5º El mandato conferido para autorizar al cónyuge a constituir cauciones personales, habiendo régimen de participación en los gananciales (artículo 1792-3).

6º El mandato conferido para reconocer un hijo, debe otorgarse por escritura pública, en la que especialmente se confiera la aludida facultad (artículo 190 en relación al artículo 187 del Código Civil).

*¿Debe ser solemne el mandato conferido para ejecutar o celebrar un contrato de tal naturaleza?

En la doctrina y en la jurisprudencia, se ha planteado si el mandato por el cual se confía la ejecución o celebración de un acto jurídico solemne, debe tener también igual naturaleza. En otras palabras, se ha sostenido que si el acto jurídico que se encarga realizar es solemne, el mandato también debe serlo. Se planteó el tema, a propósito del mandato para vender inmuebles, en cuanto a si también debía otorgarse el mandato por escritura pública, al igual que el contrato de compraventa encargado. Así ha concluido la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia, argumentándose:

1º Si la ley exige que en determinados contratos el consentimiento sea dado por escritura pública, en la misma forma debe ser extendido el mandato, ya que es en el momento de otorgarse éste, en el cual el mandante, futuro vendedor o comprador, presta su consentimiento.

2º Si bien el mandato es usualmente consensual, de acuerdo al art. 2123, el mismo precepto señala que se exceptúa el caso en que debe constar el mandato por instrumento auténtico, y en tal evento, no valdrá la escritura privada.

Ramón Meza Barros critica la línea adoptada en esta materia por la doctrina y la jurisprudencia, señalando por su parte los siguientes contra-argumentos:

1º El mandante no manifiesta su consentimiento necesario para que se celebre el contrato de compraventa al momento de encargar la gestión al mandatario. Es el mandatario, quien compra o vende en cumplimiento del encargo; es el mandatario quien expresa su propio consentimiento y no el del mandante, aunque los efectos del contrato se radiquen en el mandante, de acuerdo al art. 1448.

Recuerda el autor citado que quien contrata es el mandatario, sin perjuicio que en virtud de la representación el contrato surta efectos respecto del mandante como si él hubiere contratado.

Observamos que la posición de Meza Barros se plantea en el ámbito de la teoría de la representación-modalidad del acto jurídico, mientras que la posición criticada parece afincada en las teorías tradicionales de la representación, como la teoría de la ficción o la teoría del nuncio o mensajero, según las cuales, se reputa que el representado ha manifestado su voluntad por mediación del representante, no siendo el segundo más que el vehículo de la voluntad del primero, o un mero portavoz.

2º Por otra parte, el mandatario, al ejecutar el encargo que se le confía, puede o no actuar en representación del mandante (art. 2151), pero en uno y otro caso, subsiste el mandato, con una diferencia importante: si actúa a nombre propio, no hay duda que es el consentimiento o voluntad del mandatario y no el del mandante el requerido, situación que no se compadece con el argumento fundamental en que descansa la jurisprudencia y la mayoría de la doctrina.

3º Finalmente, al disponer el art. 2123 que no obstante ser el mandato un contrato usualmente consensual, no se admitirá la prueba de testigos sino de conformidad a las reglas generales (es decir, aplicando las limitaciones a esta prueba, de los arts. 1708 a 1710) ni tampoco escritura privada cuando las leyes exijan escritura pública (alusión al art. 1701), el señalado art. 2123 no hace sino reiterar normas contenidas en el título de la prueba de las obligaciones. Enfatiza Meza Barros que no puede desprenderse del tenor del art. 2123, que el mandato deba constituirse por escritura pública cuando igual solemnidad requiera el contrato que se encarga celebrar. Para ello, se necesita un texto legal expreso.

b) Es un contrato oneroso por su naturaleza: art. 2117.

El mandato puede ser remunerado o gratuito. Operan al efecto las siguientes reglas:

1º El contrato de mandato es oneroso por naturaleza: art. 2158 Nº 3. Si no se estipuló remuneración, debe pagarse la "usual". En otras palabras, como ha fallado la jurisprudencia, debe pactarse expresamente la gratuidad.

2º La remuneración del mandatario, denominada "honorarios", se determina por las partes, antes o después de celebrar el contrato, o en el silencio de las partes, por la ley, la costumbre o el juez: art. 2117, 2º.

3º Al ser remunerado el mandato, se agrava la responsabilidad del mandatario: responde siempre de culpa leve, pero en términos más estrictos si es remunerado: art. 2129. Algunos sostienen que la ley hace responder de culpa levísima al mandatario remunerado, pero la mayoría de la doctrina estima que responde siempre de culpa leve, aunque en términos más estrictos. Por lo demás, no parece razonable que se sostenga que el mandatario remunerado responderá de culpa levísima, considerando que el contrato cede en favor de ambos contratantes. Por ende, y conforme al art. 1547, 1º, debe responder siempre de culpa leve.

Como contrapartida, si el mandatario manifestó repugnancia al encargo y en cierto modo se hubiere visto forzado a aceptarlo, será menos estricta su responsabilidad. Seguiremos en todo caso en el ámbito de la culpa leve.

c) El mandato es un contrato bilateral.

Tanto el mandato remunerado como el gratuito son bilaterales. Respecto al segundo, el mandatario se obliga a cumplir el encargo y a rendir cuentas, y el mandante por su parte debe proveerlo de los medios necesarios para que el mandatario cumpla la gestión encomendada, sin perjuicio de otras obligaciones que pueden surgir con posterioridad, como reembolsar los gastos que el mandatario haya hecho e indemnizar los perjuicios sufridos por éste, sin mediar culpa de su parte.

Alessandri, sin embargo, considera que el mandato es un contrato unilateral, y que no obsta a tal naturaleza los hechos posteriores al contrato, pues para considerar a un contrato unilateral o bilateral, debe atenderse al momento de su gestación, y no a circunstancias posteriores. Agrega que por excepción es bilateral el mandato, cuando es remunerado.

Sin embargo, la tesis de Alessandri se debilita, considerando que al menos una obligación contrae el mandante desde el comienzo: proveer de los medios necesarios al mandatario para cumplir el cometido.

d) El mandatario actúa por cuenta y riesgo del mandante.

Los actos jurídicos celebrados por el mandatario obligan al mandante, desde el momento que el primero no actúa, por regla general, a nombre propio, sino a nombre del segundo. Serán entonces para el mandante los beneficios y soportará las pérdidas provenientes del acto jurídico celebrado por el mandatario, igual que si el mandante lo hubiere celebrado personalmente. En otras palabras, no es el patrimonio del mandatario el que se beneficiará o perjudicará frente a quien contrató con él y los terceros, sino el del mandante.

Pero incluso si el mandatario, en la ejecución del encargo, no actúa en representación del mandante sino a nombre propio, siempre será el mandante quien reciba los beneficios y soporte las pérdidas.

En resumen, aunque el mandatario actúe en representación del mandante o a nombre propio en la ejecución del mandato, en uno y otro caso estará actuando por cuenta y riesgo del mandante, aunque en el segundo caso, ello no lo adviertan los contratantes o terceros, y ello es así, porque el mandato subsiste, no puede desconocerse por el mandante ni por el mandatario.

Pero frente a quien contrata con el mandatario y frente a los terceros, distintas serán las consecuencias jurídicas:

1º Si el mandatario actúa en representación del mandante, éste resulta obligado;

2º Si el mandatario actúa a nombre propio, es él quien se obliga y no el mandante, sin perjuicio que la relación jurídica entre mandante y mandatario siga vigente.

En la doctrina francesa, se denomina al mandatario que es tal aunque no aparente serlo, mandatario prete nom.

El fundamento legal que permite al mandatario actuar a nombre propio, lo encontramos en el art. 2151. Esta disposición demuestra que la representación no es de la esencia del contrato de mandato, sino un elemento de la naturaleza, que el mandatario puede "derogar" en la ejecución del mandato, si actúa a nombre propio.

4.- Clases de mandato.

4.1. Atendiendo a la extensión con que se ha conferido el mandato, este puede ser general o especial: art. 2130.

Mandato general es el que se otorga al mandatario para todos los negocios del mandante, aunque se indiquen algunas excepciones determinadas.

Conferido en esta forma, el mandato no otorga al mandatario otras facultades que las que enumera el art. 2132. De los términos de este artículo, se desprende que el mandato general otorga al mandatario la facultad de administrar los negocios del mandante dentro del giro ordinario. La enumeración que al efecto hace de los actos administrativos el citado artículo, es sólo por vía ejemplar, lo que implica que cualquier otro acto de administración que no se mencione en dicho precepto, podrá también ser ejecutado válidamente por el mandatario general.

Mandato especial es aquél que comprende uno o más negocios especialmente determinados. Como en el mandato pueden indicarse todos los actos jurídicos que una persona puede ejecutar, es posible en la práctica que el poder especial llegue a ser más amplio que uno general. Cabe señalar que según la parte final del art. 2132, se requiere poder especial para la ejecución de todos los actos que salgan de los límites del giro ordinario de los negocios del mandante.

Esta clasificación es importante en definitiva, para saber qué tipo de negocios jurídicos puede ejecutar legítimamente el mandatario.

4.2. Atendiendo a las facultades conferidas al mandatario, el mandato puede ser definido o indefinido.

El mandato será indefinido, cuando el mandante no precisa al mandatario las facultades conferidas. Por ejemplo, se confiere mandato para que el mandatario administre un negocio del mandante, pero sin indicarle con qué facultades goza.

Por el contrario, el mandato será definido, cuando se precise cuales son las facultades o atribuciones del mandatario. Por ejemplo, un mandato para vender un determinado bien del mandante.

La definición o indefinición del mandato tiene directa relación con las facultades del mandatario. Se aplican a este respecto, los artículos 2132 y 2133.

Importa en este punto examinar el concepto de acto de administración. La ley no lo define, pero puede desprenderse de otras disposiciones del CC., en especial el art. 391, relativo a la administración del tutor o curador. De tal disposición, se desprende que administrar es adoptar las medidas de carácter material o jurídico tendientes a conservar los bienes, a incrementarlos y obtener las ventajas que pueden procurar (Pescio). Vemos entonces que los actos de administración apuntan a la ejecución, en primer lugar, de actos conservativos, vale decir, aquellos destinados a evitar la pérdida, menoscabo o disminución del valor de los bienes. Los actos conservativos pueden ser materiales o jurídicos. Es un acto conservativo material, ejecutar mejoras necesarias en una vivienda; es un acto conservativo jurídico, interponer una querella posesoria. En segundo lugar, los actos de administración apuntan a obtener de los bienes el provecho o utilidad que ordinariamente reportan. Así, por ejemplo, al administrar un inmueble, darlo en arrendamiento para la obtención de rentas; o si se administra un predio rural, vender las cosechas.

Vemos que no existe un límite muy definido entre los actos de administración y los actos de disposición, caracterizándose estos últimos por modificar la composición del patrimonio. En ocasiones, un acto que parece ser dispositivo será sin embargo de administración. Por ejemplo, si se venden los frutos de un bien, como la cosecha de un fundo. Lo determinante en definitiva, es averiguar si el acto pertenece al giro ordinario del negocio que se administra. Si pertenece, el acto será de administración, aunque implique disponer de bienes.

En ciertos casos, el legislador ha señalado expresamente que se requiere de poder especial y definido:

a) Para transigir (art. 2448). Deben especificarse los bienes, derechos y acciones sobre los que recaerá la transacción.

b) Requieren poder especial o "especial mención", las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o plazos, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir (art. 7, 2º del CPC).

c) Cuando la mujer casada en sociedad conyugal, autoriza a través de mandato a su marido, para enajenar o gravar bienes raíces sociales (art. 1749).

d) En el mismo caso anterior, cuando la mujer autoriza enajenar o gravar los bienes raíces de su propiedad (art. 1754).

e) Cuando se trata de un mandato conferido para enajenar o gravar bienes afectados como familiares (artículo 142 del Código Civil).

f) En el caso del mandato conferido para autorizar al cónyuge a constituir cauciones personales, habiendo régimen de participación en los gananciales (artículo 1792-3).

g) Tratándose del mandato conferido para reconocer un hijo, el que debe otorgarse por escritura pública, en la que especialmente se confiera la aludida facultad (artículo 190 en relación al artículo 187 del Código Civil).

4.3. Atendiendo a si el mandato se confiere o no para representar en juicio o en general para ejecutar o celebrar todo acto o contrato, se divide en judicial o extrajudicial.

5.- Efectos del mandato.

Se traducen en determinar cuales son los derechos y obligaciones de las partes.

5.1. Obligaciones del mandatario.

5.1.1. Ejecutar el mandato en la forma convenida.

a) Regla general.

Según el art. 2131, el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, sin perjuicio de los casos en que las leyes le autoricen para actuar de otro modo. Acorde con el art. 1546, el art. 2134 establece que la recta ejecución del mandato comprende no sólo la substancia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo.

b) Situaciones en las cuales no es posible ceñirse a los términos del mandato.

Pueden presentarse cuatro situaciones:

Cumplimiento del encargo, utilizando otros medios equivalentes: puede acaecer que los medios por los cuales el mandante ha deseado que se lleve a efecto el mandato no puedan emplearse. En tal caso, el mandatario podrá utilizar otros medios equivalentes, si la necesidad obligare a ello, pero siempre que se obtuviere completamente de este modo el objeto del mandato, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2134, 2º. Es importante consignar que sólo los actos que el mandatario ejecute dentro de los límites del mandato, obligan al mandante, sin perjuicio de la ratificación expresa o tácita del último (art. 2160).
Imposibilidad de cumplir el encargo: necesidad de adoptar medidas conservativas: si el mandatario se halla en la imposibilidad de cumplir el mandato con arreglo a las instrucciones del mandante, no está obligado a constituirse en agente oficioso, vale decir, no está obligado a realizar el encargo de una manera equivalente, como si no hubiere mandato. Pero debe tomar las providencias conservativas que las circunstancias exijan (art. 2150, 1º).
Necesidad de cumplir el encargo, cuando en caso contrario, se comprometiere gravemente al mandante: en ciertos casos, no es posible dejar expuesto al mandante a sufrir perjuicios por no haberse previsto oportunamente los medios de que debía hacer uso el mandatario. Al efecto, el mandatario deberá actuar de la forma que más se acerque a sus instrucciones y convenga al negocio (art. 2150, 2º). En este caso, entonces, no basta que el mandatario adopte medidas conservativas, sino que debe actuar, cumplir el encargo.
Caso en el cual el mandatario debe abstenerse de ejecutar el encargo: en ocasiones el mandatario deberá abstenerse de ejecutar el mandato, cuando su ejecución fuere manifiestamente perniciosa al mandante: art. 2149.

c) Actos especialmente reglamentados por la ley.

En algunos casos, el CC. ha previsto el alcance de ciertas facultades concedidas al mandatario:

1º En el art. 2141, a propósito de la transacción;

2º En el art. 2142, a propósito de la compraventa; y

3º En el art. 2143, a propósito de la hipoteca y la compraventa.

d) mandato conferido a dos o más personas.

Se coloca también el legislador en el caso de pluralidad de mandatarios: art. 2127. ¿Puede dividirse la gestión?:

1º En primer lugar, se estará a lo previsto por el mandante;

2º Si nada previó, los mandatarios pueden dividir la gestión;

3º Pero si el mandante prohibió dividir la gestión, es decir, quiere que los mandatarios actúen de consuno, serán "nulos", dice la ley, los actos que realicen separadamente los mandatarios que debieron actuar conjuntamente (en verdad, no se trata de un problema de nulidad, sino de inoponibilidad de los actos realizados por el mandatario al mandante).

e) Restricciones impuestas a los mandatarios en la ejecución del mandato.

Estableció el legislador una serie de restricciones, con el fin de evitar en lo posible que el mandatario ejecute actos que salgan de la órbita de atribuciones que le ha señalado el mandante. Cabe señalar que en los textos, se alude a “prohibiciones” impuestas al mandatario, lo que no nos parece correcto, ya que no se trata de conductas que el mandatario no pueda ejecutar bajo todo respecto o consideración. Tales son:

1º Art. 2144:

· No puede comprar para sí las cosas que el mandante le ha ordenado vender;

· No puede vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar.

Las prohibiciones no son absolutas sin embargo, porque el mandante puede autorizar dichos actos. Lo anterior implica que la facultad para autocontratar, requiere de expresa autorización.

2º Art. 2145:

· No puede el mandatario tomar para sí el dinero que el mandante le encargó colocar o prestar a interés. Puede sin embargo el mandatario prestar de su dinero al mandante cuando éste le encargó obtenerlo, pero siempre que lo haga al mismo interés designado por el mandante o a falta de éste, al interés corriente.

3º Art. 2146:

· No puede el mandatario colocar a interés dineros del mandante, sin autorización expresa de éste. Si contaba con dicha autorización para colocar el dinero a un determinado interés y lo coloca a un interés superior, el exceso no pertenecerá al mandatario sino que al mandante, salvo si el mandante lo hubiere autorizado para apropiarse del exceso.

4º Art. 2147:

· Si el mandatario ejecuta el mandato con mayor beneficio o menor gravamen que los designados por el mandante, se prohibe al mandatario apropiarse lo que exceda al beneficio o disminuya el gravamen designado en el mandato. Pero si el mandatario negocia con menos beneficios o más gravamen que los designados en el mandato, el mandatario deberá responder ante el mandante por la diferencia.

f) Responsabilidad del mandatario.

El artículo 2129 se refiere a ella. La responsabilidad del mandatario implica en términos generales que debe abstenerse de ejecutar actos que vayan en perjuicio del mandante, y será dicha responsabilidad mayor o menor según la naturaleza del mandato. Las reglas podemos sintetizarlas de la siguiente manera:

· El mandatario responderá, en general, de culpa leve.

· Dicha responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado.

· Dicha responsabilidad será menos estricta si el mandatario no deseaba ejecutar el encargo y se vió forzado a aceptarlo.

Se ha debatido en la doctrina acerca de si el mandatario remunerado responde de culpa levísima y el mandatario forzado a ejecutar el encargo sólo de culpa grave. No sería esta son embargo la intención del legislador. En definitiva, como dice Meza Barros, es el juez quien decide y la disposición es una simple recomendación para que se muestre más severo o más benévolo, según las circunstancias indicadas. Pero en cualquier caso, siempre dentro del rango de la culpa leve.

Por otra parte, el mandatario no responde de la solvencia de aquellos con quien contrata, a menos que expresamente haya tomado sobre sí la responsabilidad, caso este último en el que en realidad no hay verdadero mandato, desde el momento que el mandatario no actúa por cuenta "y riesgo" del mandante. En este caso, establece la ley que el mandatario se constituye en principal deudor para con el mandante, y son de su cuenta hasta los casos fortuitos y la fuerza mayor (art. 2152).

A su vez, la regla general de que las cosas perecen para su dueño, sufre excepción en materia de mandato, cuando se trata de especies metálicas, pues según el art. 2153, tales especies que el mandatario tenga en su poder por cuenta del mandante, perecen para el mandatario aún por fuerza mayor o caso fortuito, sin perjuicio de la excepción indicada en la norma. El mandatario es en verdad depositario de los dineros del mandante; como se trata de un depósito irregular, se hace dueño de las especies, con cargo de restituir otro tanto (art. 2221).

5.1.2. Obligación de rendir cuenta al mandante: art. 2155.

a) Justificación de la obligación.

Desde el momento en que el mandatario actúa POR CUENTA y riesgo del mandante, es lógico que la ley haya dispuesto la obligación de informar al mandante de la gestión encomendada.

La misma obligación tienen los albaceas, guardadores y secuestres.

b) Forma de rendir cuenta.

El legislador propende a que la cuenta sea documentada, cuestión obligatoria EN LAS PARTIDAS IMPORTANTES, sin perjuicio que el mandante pueda relevar al mandatario de tal obligación.

En términos generales, puede el mandante exonerar al mandatario de la obligación de rendir cuentas, pero tal circunstancia no lo libera de los cargos que el primero pueda justificar contra el mandatario. No implica por ende irresponsabilidad del último frente al mandante.

El mandante puede exigir la rendición de cuentas en cualquier momento.

A su vez, el art. 2156 se preocupa de LOS INTERESES, estableciendo:

1º El mandatario debe al mandante los intereses de los dineros del segundo que el primero empleó en utilidad propia;

2º Si el mandatario se constituye en mora, debe asimismo los intereses del saldo que de la cuenta resulten en contra del mandatario.

Por su parte, el art. 2157 dispone que al efectuar su cometido, el mandatario está obligado a restituir al mandante lo que recibió por él en el ejercicio del mandato, así como aquello que dejó de percibir por su culpa. La obligación se extiende incluso a aquello que recibió de los terceros pero que en realidad no se debía al mandante. Será el mandante a quien corresponda decidir sobre el particular y no al mandatario.

c) Rendición de cuenta cuando el mandatario actúa a nombre propio.

La rendición de cuentas cobra mayor importancia cuando el mandatario ha contratado a su propio nombre, pues entonces, debe comprender además LA CESION de todos los derechos adquiridos por el mandatario respecto de los terceros, el traspaso de todos los bienes adquiridos para el mandante en el desempeño de su cometido y de todas las deudas contraídas a favor de los terceros. Así, el mandatario que ha comprado a su propio nombre las cosas que el mandante le ha encargado comprar para él, deberá traspasarlas al mandante, y esto, naturalmente, en el acto de la rendición de cuentas; y si ha dado en préstamo, a su propio nombre, dineros del mandante, debe traspasarle los créditos.

El traspaso de las cosas adquiridas para el mandante es, pues, uno de los puntos esenciales de la rendición de cuentas. Dicho traspaso constituye el cumplimiento efectivo y final de la obligación compleja que contrae el mandatario de ejecutar el negocio por cuenta y riesgo del mandante y jurídicamente representa el pago de lo que el mandatario debe al mandante, la prestación de lo que debe.

Distinguimos al efecto entre el traspaso de los derechos personales, de los derechos reales y de las deudas:

1º Traspaso de los derechos personales: si el mandatario ha contratado a su propio nombre, terminada su misión deberá traspasar al mandante los créditos adquiridos contra los terceros. Esta CESION DE CREDITOS, si bien se ejecuta en cumplimiento de obligaciones contraidas por el mandatario a favor del mandante, está sujeta a las reglas del derecho común, y por lo tanto, será necesaria la entrega del título y la notificación al deudor en los casos en que por regla general se requiera (arts. 1901 y ss.). Perfeccionada la cesión, podrá el mandante dirigirse contra los terceros y al hacerlo no invocará su calidad de mandante, que a los terceros es inoponible, sino la de cesionario.

2º Traspaso de los derechos reales: lo que se dice de los créditos, es igualmente aplicable a los demás derechos que el mandatario haya adquirido para su mandante, en virtud de actos, contratos y convenciones ejecutados o celebrados en su propio nombre. Por lo tanto, el mandatario deberá hacer TRADICION al mandante, de las cosas adquiridas para éste. El título traslaticio de dominio necesario para la validez de la tradición, según el art. 675, será el mismo contrato de mandato. En efecto, perfeccionado el contrato nace para el mandatario la obligación de ejecutar el encargo que se le ha confiado y ésta es una obligación DE HACER. Pero una vez cumplido el encargo, surge para el mandatario la obligación de entregar al mandante las cosas que le pertenecen, dado que el negocio se ha realizado "por cuenta y riesgo" de éste (art. 2116). Y ésta es una obligación DE DAR (arts. 2153 y 2157) que impone al deudor (en este caso, al mandatario), la de entregar la cosa; y si ésta es una especie o cuerpo cierto, la de conservarlo hasta su entrega (art. 1547). Luego, el mandatario que transfiere al mandante, en dominio, las cosas adquiridas para éste, en ejecución del encargo que ha recibido, paga lo que debe (art. 1568). Y la causa del pago que efectúa es la obligación de dar que ha nacido de la ejecución del mandato que se le ha confiado (art. 2157). Por ende, no sólo no es necesario recurrir a otro contrato que haga las veces de título traslaticio de dominio, tal como la venta, sino que es errado hacerlo. El título, como se ha dicho, es el propio contrato de mandato y la tradición que se efectúe es el pago de lo que el mandatario debe a su mandante. Mediante tal pago -tradición- el mandatario extingue la obligación contraída para con éste a raíz del cumplimiento o desempeño de su cometido. Así lo ha resuelto la jurisprudencia.

3º Traspaso de las deudas: el mandante debe cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario a su propio nombre, en la medida que dichas obligaciones se enmarquen en el cometido encargado. Por eso, el mandante, junto con recibir los créditos y derechos reales, debe hacerse cargo de las deudas. Con todo, el traspaso de las deudas al mandante no libera al mandatario frente a los terceros que contrataron con él (y que ignoraban la existencia del mandante), según las reglas generales. De tal forma, si el mandatario fuere demandado por el tercero, no podrá excepcionarse alegando que el deudor es el mandante. Este, a su vez, en el supuesto de haber aceptado el traspaso de las deudas, estará obligado frente a los terceros con el carácter de codeudor solidario o subsidiario, según decida el tribunal interpretando la naturaleza o espíritu del convenio. Por lo tanto, los terceros podrán dirigirse contra el mandatario o contra el mandante, para exigir el cumplimiento de la obligación.

5.2. Obligaciones del mandante.

Las obligaciones del mandante pueden nacer conjuntamente con el contrato o emanar de actos posteriores, derivados de la ejecución del mandato: art. 2158.

Son tales obligaciones:

5.2.1. Obligación de cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario.

Dos requisitos deben concurrir (art. 2160):

a) Que el mandatario actúe a nombre del mandante; si el mandatario actúa a nombre propio pero después traspasa las deudas al mandante, entonces éste también quedará obligado ante los terceros que contrataron con el mandatario.

b) Que el mandatario haya actuado dentro de los límites del mandato.

a) Que el mandatario actúe a nombre del mandante.

Recordemos que ante los terceros con los cuales contrata, el mandatario sólo representará al mandante cuando actúe a nombre del mismo, evento en el cual el mandante se obliga frente a los terceros. La misma idea del art. 2160 se recoge en el art. 1448.

Por el contrario, si el mandatario actúa a nombre propio no obliga al mandante: art. 2151. El obligado ante los terceros será el mandatario, sin perjuicio que frente al mandante, subsisten para el mandatario las obligaciones propias del mandato: deberá rendir cuenta de su gestión y el mandante podrá exigirle que le ceda las acciones que el mandatario tiene contra los terceros con los cuales contrató a nombre propio.

b) Que el mandatario haya actuado dentro de los límites del mandato.

Si el mandatario excedió en su cometido los límites del mandato, ciertamente que el mandante no resulta obligado, a menos que éste ratificara expresa o tácitamente lo actuado por el mandatario (arts. 2160 y 2131).

¿Qué ocurre en tal caso con la responsabilidad del mandatario frente a los terceros con quienes contrató extralimitándose en su mandato? De acuerdo al art. 2154 no es responsable en principio, a menos que se encuentre en una de las siguientes situaciones:

1º Cuando el mandatario no dió a los terceros suficiente conocimiento de sus poderes: la falta de diligencia es imputable al mandatario, protegiendo la ley a los terceros que de buena fe han contratado con el mandatario, creyendo que sus poderes eran más amplios que los que en definitiva tenía.

2º Cuando el mandatario se ha obligado personalmente: el mandatario ha informado a los terceros con quienes contrata de sus poderes limitados, pero asume la responsabilidad ante éstos, en caso de que el mandante no ratifique lo actuado por el mandatario, más allá de los límites del mandato.

* Casos en que el mandatario se convierte en agente oficioso.

En determinadas situaciones, la ley prevee que el mandatario se convierta en agente oficioso: art. 2122:

1º Cuando ejecuta de buena fe un mandato nulo: es decir, cuando el mandatario ignora tal circunstancia;

2º Cuando debe salirse de los límites del mandato por una necesidad imperiosa.

* Caso en el cual se ejecuta sólo en parte el mandato.

Puede suceder que el mandatario haya ejecutado parcialmente el mandato. En tal caso, los efectos son distintos según que el cometido haya podido o no ejecutarse de esa forma: art. 2161, 1º:

1º Si el cometido podía ejecutarse parcialmente, el mandante queda obligado al cumplimiento de las obligaciones que del contrato emanen;

2º Si el negocio no debió ejecutarse parcialmente (lo que sucede cuando de los términos del mandato o por la naturaleza del negocio apareciere que el encargo no debió cumplirse en parte sino solamente de forma íntegra), la ejecución parcial no obligará al mandante sino en cuanto le aprovechare.

De la inejecución del resto, responderá el mandatario ante el mandante, por los perjuicios que al último le ocasionare el incumplimiento parcial. Se responde igual que en el caso de renuncia del mandatario: art. 2167.

5.2.2. Obligación de proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato: art. 2158 Nº 1.

Así, por ejemplo, si el mandante encarga al mandatario comprar un bien determinado, es lógico que le proporcione el dinero necesario para pagar el precio.

De acuerdo a la regla general del art. 2159 el mandatario podrá desistirse del encargo sin responsabilidad ante el mandante, en caso que no se le provea de los recursos necesarios para ejecutar el mandato. Ninguna obligación tiene el mandatario en orden a empeñar recursos propios en la ejecución del cometido.

5.2.3. Obligación de reembolsar al mandatario los gastos razonables causados por la ejecución del mandato: art. 2158 Nº 2.

El mandante no está obligado a reembolsar al mandatario cualquier gasto, sino los "razonables", es decir, aquellos en que incurriría un hombre medio, un buen padre de familia; en otras palabras, quien debe responder de culpa leve.

5.2.4. Obligación de pagar al mandatario la remuneración estipulada o usual: art. 2158 Nº 3.

Recordemos que el mandato, por su naturaleza, es remunerado; en consecuencia, a falta de estipulación, será el juez quien determine los honorarios del mandatario, de acuerdo a lo usual en negocios similares. Para que el mandato sea gratuito, las partes expresamente deberán estipularlo.

5.2.5. Obligación de pagar al mandatario las anticipaciones de dinero, más los intereses corrientes devengados, que hubiere aportado éste al ejecutar su cometido: art. 2158 Nº 4.

Lo anterior, porque no resulta razonable que el mandatario soporte gastos por él financiados, pero que resultaron imprescindibles para llevar a cabo el cometido encargado por el mandante.

5.2.6. Obligación de indemnizar al mandatario de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato: art. 2158 Nº 5.

Expresamente dispone el inciso final del art. 2158 que las obligaciones del mandante son ineludibles, cualquiera haya sido el resultado del cometido del mandatario, salvo que un resultado negativo o excesivamente oneroso se deba a culpa del mandatario. Por ende, no podrá el mandante excusarse de cumplir sus obligaciones, alegando que el negocio no ha tenido éxito o que pudo desempeñarse a menos costo.

A su vez, el art. 2159 autoriza al mandatario para desistirse de realizar el encargo o cometido, cuando el mandante no cumple con sus obligaciones, por ejemplo, si no paga el honorario pactado o no le provee de los recursos necesarios para ejecutar su cometido.

Aún más, de conformidad al art. 2162, el mandatario goza de un derecho legal de retención: no entrega al mandante los efectos recibidos de los terceros con quienes contrató, mientras el mandante no cumpla a su vez con sus obligaciones.

6.- Delegación del mandato.

6.1. Concepto y naturaleza jurídica de la delegación.

El mandato es uno de esos contratos intuito personae, pactados en relación a la persona. Debido a esta circunstancia, la ley ha establecido reglas especiales para determinar los efectos que la delegación produce. Entendemos por delegación el acto por el cual el mandatario encarga a otra persona la ejecución del cometido que a él se le había confiado por el mandante.

Distinguimos en la delegación a dos sujetos, delegante y delegado. El delegante, es aquél mandatario primitivo que encarga la gestión a otro. El delegado, es aquél tercero que recibe el encargo del mandatario primitivo. Podríamos decir que el delegado es un submandatario. Ello nos permite concluir que la delegación es un subcontrato.

6.2. La delegación, elemento de la naturaleza del mandato.

La ley permite al mandatario delegar el mandato, a menos que el mandante hubiere prohibido expresamente tal circunstancia (art. 2135). Se trata por ende de una facultad propia de la naturaleza del contrato de mandato, que se entiende incluida en él, salvo cláusula en contrario.

6.3. Efectos de la delegación.

Los efectos de la delegación serán distintos, según las siguientes hipótesis:

6.3.1. El mandante no autorizó ni prohibió la delegación.

La delegación podrá hacerse, pero el mandatario responderá ante el mandante tanto por los actos propios cuanto por los actos del tercero delegado.

En cuanto a los terceros que contrataron con el delegado, no tienen ningún derecho contra el mandante, a menos que éste ratifique la delegación: art. 2136.

6.3.2. El mandante autorizó la delegación.

Pueden presentarse dos casos:

a) Autorizó sin designar la persona del delegado: el mandatario no responderá de los actos del delegado, a menos que éste sea notoriamente incapaz o insolvente. La ley pretende que el mandatario tenga el tino y prudencia para delegar en una persona responsable, normalmente diligente.

b) Autorizó designando la persona del delegado: se constituye un nuevo mandato entre el mandante y el delegado (art. 2137). En consecuencia, el mandatario no responde en tal caso de los actos del delegado.

6.3.3. El mandante prohibió la delegación.

Si el mandatario infringe la prohibición y delega el mandato, los actos del delegado son inoponibles, no obligan al mandante, a menos que éste ratifique. En todo caso, dispone el art. 2138 que el mandante podrá ejercer contra el delegado las acciones del delegante.

En términos generales, entonces, salvo en caso de prohibición de delegar, los actos que ejecute el delegado obligarán al mandante en los mismos términos que lo habrían hecho los actos del mandatario primitivo, tanto respecto del delegado como de los terceros que contraten con él.

En el ámbito del mandato judicial, la delegación da derechos a los terceros contra el mandante, sin necesidad de ratificación. El procurador siempre podrá delegar su poder, a menos que el mandante se lo hubiere prohibido expresamente.

Finalmente, cabe señalar que se ha concluido por la mayoría de la doctrina, que la delegación sólo podría operar una sola vez. Dicho de otro modo, el delegado no podría delegar a su vez el cometido.

7.- Extinción del mandato.

El art. 2163 enumera las causales:

7.1. Por el desempeño del negocio para que fue constituido.

Ejecutado el acto ordenado al mandatario, se cumple la obligación primordial asumida por éste y se satisface el encargo del mandante. Esta causal de extinción será aplicable sólo cuando el mandato se confirió para un negocio o cometido específico o determinado. Vale decir, será la forma normal de extinción de un mandato especial.

7.2. Por la expiración del plazo o al cumplirse la condición prefijados para la terminación del mandato.

7.3. Por la revocación del mandante.

7.3.1. Concepto de revocación.

Se llama revocación el acto jurídico unilateral por el cual el mandante hace saber a su mandatario su deseo de poner término al mandato. La facultad de revocar es de la esencia del mandato, y el mandante puede hacer uso de ella a su arbitrio, en cualquier momento (art. 2165). Se explica esta facultad, atendido el carácter de contrato intuito personae, contrato de confianza, que distingue al mandato.

En un caso, el Código Civil faculta a revocar un mandato, a persona distinta de aquella que lo confirió: es la situación contemplada en el artículo 2171, que alude al mandato otorgado por la mujer siendo soltera y que luego es revocado por su marido, habiendo sociedad conyugal.

7.3.2. Clases de revocación.

La revocación puede ser expresa o tácita. Es tácita el encargo del mismo negocio a distinta persona (art. 2164, 1º); pero si el primer mandato es general y el segundo especial, el primero subsiste para los negocios no comprendidos en el segundo (art. 2164, 2º). En este caso, la revocación será parcial y no total.

7.3.3. Efectos de la revocación.

Para que la revocación tenga la virtud de poner término al mandato, debe notificarse al mandatario, pues el art. 2165 establece que la revocación expresa o tácita, produce su efecto desde el día que el mandatario ha tomado conocimiento de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 2173, disposición esta última destinada a proteger a los terceros que hayan contratado con el mandatario, de buena fe, esto es, ignorantes de la extinción del mandato. Al respecto, el precepto distingue tres situaciones:

a) El mandatario, ignorante de que el mandato había expirado, ejecuta total o parcialmente el encargo. Tal ejecución será válida (o más bien oponible) y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante.

b) El mandatario, sabiendo que el mandato había expirado, contrata con terceros de buena fe, frente a los cuales el mandante queda obligado, como si el mandato hubiera subsistido, sin perjuicio de su derecho a exigir al mandatario que le indemnice.

c) Si se notificó por periódicos el término del mandato, y en general en aquellos casos en que resulta improbable que los terceros hayan ignorado la expiración del mandato, la ley faculta al juez a eximir al mandante de responsabilidad. Nótese que la ley otorga una facultad al juez "en su prudencia...", y no le ordena; podría en consecuencia condenarse al mandante a responder frente a los terceros.

El art. 2166 se refiere a algunas consecuencias de la revocación, específicamente a la restitución que debe hacer el mandatario, de los instrumentos que le hubiere entregado el mandante, para ejecutar el mandato.

La práctica aconseja notificar la revocación del mandato a través de notario o judicialmente, para que exista constancia fehaciente.

7.4. Por la renuncia del mandatario.

7.4.1. Concepto de renuncia.

Consiste en un acto jurídico unilateral, mediante el cual el mandatario, comunica al mandante su intención de no continuar ejecutando el encargo.

Es una facultad del mandatario, correlativa de la que tiene el mandante de revocar el mandato.

7.4.2. Efectos de la renuncia.

Igual como acontece en la revocación, para que la renuncia del mandatario ponga término al mandato, es necesario que sea notificada al mandante, y las obligaciones que al mandatario le empecen para con el mandante, no tendrán fin sino después que haya transcurrido un tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados, es decir, pueda asumirlos por sí mismos o encargárselos a un tercero (art. 2167, 1º).

Si el mandatario no espera un plazo razonable y abandona sin más el cometido confiado, será responsable de los perjuicios que la renuncia cause al mandante, salvo que la renuncia se debiera a enfermedad u otra causa o si por la gestión encomendada se causa grave perjuicio a los intereses del mandatario (art. 2167, 2º).

Vemos entonces, que la renuncia, al igual que la revocación, no ponen término inmediato al contrato de mandato.

Si se trata del mandato judicial, el procurador estará obligado a poner la renuncia en conocimiento de su mandante, junto con el estado del juicio, y se entenderá vigente el poder hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento desde la notificación de la renuncia al mandante.

7.5. Por la muerte del mandante o del mandatario.

7.5.1. Fallecimiento del mandatario.

La muerte del mandatario pone siempre término al mandato. Sin embargo, el art. 2170 dispone que los herederos del mandatario que fueren hábiles para la administración de sus bienes, tienen dos obligaciones:

a) darán aviso inmediato del fallecimiento del mandatario al mandante; y

b) harán a favor de éste lo que puedan y las circunstancias exijan.

La omisión de tales obligaciones los hará responsables de los perjuicios. A igual responsabilidad estarán sujetos los albaceas, los tutores y curadores y en general, todos aquellos que sucedan en la administración de los bienes del mandatario que ha fallecido o se ha hecho incapaz.

7.5.2. Fallecimiento del mandante.

Así como afirmábamos que la muerte del mandatario siempre pone fin al mandato, la muerte del mandante por regla general pone término al mandato. En efecto, en los siguientes casos, el mandato continuará vigente:

a) El art. 2168 dispone que sabida la muerte del mandante, cesará el mandatario en sus funciones; pero agrega la ley que si de suspender las funciones se sigue perjuicio a los herederos del mandante, el mandatario está obligado a finalizar la gestión.

b) El art. 2169 establece que no se extingue por la muerte del mandante, el mandato destinado a ejecutarse después que ella acontezca: estamos ante el mandato póstumo. En este caso, los herederos suceden en los derechos y obligaciones del mandante (por ejemplo, el albaceazgo).

c) Tratándose del mandato judicial, que tampoco expira con la muerte del mandante: art. 396 del C.O.T.

7.6. Por la declaración de quiebra o la insolvencia del mandante o del mandatario.

De confomidad a lo dispuesto en el art. 64 de la Ley de Quiebras, declarada ésta, el fallido queda inhibido de continuar administrando sus negocios: se produce el desasimiento.

A diferencia de la quiebra, que constituye un hecho demostrable con la dictación de la sentencia pertinente, la insolvencia es un hecho que debe probarse por quien la alegue. Se justifica que la insolvencia de cualquiera de las partes ponga fin al mandato, pues ello supondrá, con toda seguridad, el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

7.7. Por la interdicción del mandante o del mandatario.

Por la interdicción, se priva a una persona de la facultad de administrar sus bienes. Si el mandante carece de esta facultad, es lógico que tampoco pueda tenerla su mandatario, ya que éste actúa a nombre y por cuenta del primero. Además, al declararse la interdicción deberá darse al interdicto un curador, y será éste quien entrará a representarlo. En cuanto al mandatario, si es declarado en interdicción es porque carece de aptitudes para manejar sus negocios propios, siendo razonable estimar que quien no sabe administrar lo suyo, tampoco sabrá hacerlo con lo ajeno.

7.8. Por la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas.

Fuera de las causales enumeradas en el art. 2163, debemos considerar dos situaciones especiales:

· Caso de los mandatarios conjuntos (art. 2172): si son dos o más los mandatarios y por la constitución del mandato están obligados a actuar conjuntamente, la falta de uno de ellos por cualquiera de las causas antedichas, pondrá fin al mandato. Así las cosas, si actuare uno solo, suscribiéndo por ejemplo una escritura pública en la que se invoca la representación, estaremos ante una hipótesis de título injusto, de conformidad a lo previsto en el art. 704 Nº 2 del CC.

· Actos ejecutados por el mandatario después de expirado el mandato: la regla general es que tales actos no son oponibles al mandante, no lo obligan.

Excepcionalmente, sin embargo, podrá quedar obligado el mandante, en razón de la buena fe de los terceros que contraten con el mandatario: en los casos del art. 2173:

1º Cuando el mandatario ignoraba la expiración del mandato;

2º Cuando aún habiendo sabido el mandatario que el mandato había expirado, los terceros con quienes contrató estaban de buena fe. La diferencia con el caso anterior, radica que en éste, el mandante tendrá acción contra el mandatario, para que el indemnice los perjuicios que al primero puedan originarse.

Con todo, el último inciso del art. 2173 permite al juez absolver de responsabilidad al mandante, en los siguientes casos:

1º Cuando el hecho que produjo la expiración del mandato, ha sido notificado al público por periódicos (para evitar dudas interpretativas, y dado el tenor del inciso, parece conveniente publicar el aviso en al menos dos periódicos);

2º En aquellos casos en que no parezca probable la ignorancia del tercero que contrató con el mandatario.